El sindicato como sujeto político, cuarenta años después

La participación de las organizaciones sindicales en los procesos de intercambio político dirigidos a la elaboración de las medidas de política social y laboral, genéricamente encuadrada a partir de los años 80 bajo el paraguas conceptual de la denominada concertación social, constituye uno de los rasgos más característicos y singulares de la dinámica del modelo español de relaciones colectivas de trabajo, trabajosamente construido en las últimas décadas.

Esta asunción por los sindicatos de un rol de representación y gestión de los intereses generales de los trabajadores como categoría, y no solo de las reivindicaciones económico-profesionales de sus afiliados, encuentra su explicación en precisas razones de carácter social, económico y político, que la hicieron posible -e incluso necesaria- a partir de los años ochenta del pasado siglo. Y continúan operando como soporte de su mantenimiento, con altibajos y resultados no siempre satisfactorios, en la actualidad.

En su base se encuentra, no obstante, un precioso precepto constitucional, como es el artículo 7 de la norma fundamental española, que atribuye a los sindicatos de trabajadores, lo mismo que a las asociaciones de empresarios, la misión de contribuir a la “defensa y promoción” de los “intereses económicos y sociales que les son propios”.  Y la cuidadosa reconstrucción que, a partir de este, desarrollaría la doctrina laboralista contemporánea, del rol institucional que, en consonancia con el mismo, corresponde dentro del sistema democrático instaurado en 1878 al sindicato. Un rol, por supuesto, bastante más amplio que el de mero trust de trabajo. Y que está en condiciones de legitimar su actuación como interlocutor privilegiado de los Poderes Públicos para la gestión de cuantos intereses ostentan los trabajadores por el hecho de serlo. Desempeñándose en tal caso como un singular sujeto político, como acertaría a señalar Carlos Palomeque en un texto emblemático de aquella etapa, titulado precisamente “El sindicato como sujeto político”.

La feliz iniciativa de mi querido colega y amigo Juan Pablo Mugnolo de volver a publicar dicho texto, como número 1 de la colección Clásicos Actuales de Derecho del Trabajo (Buenos Aires, Ediar, 2018), a la que acompañaría la invitación a quien esto escribe de realizar un estudio preliminar sobre el mismo, además de hacer posible la recuperación de un trabajo de fundamental importancia, tanto por su planteamiento de fondo como por la singular propuesta metodológica de la que se sirve, me ha permitido reflexionar, cuatro décadas después, tanto sobre la vigencia y actualidad de la construcción que lo sustenta, como respecto de la manera como esta alcanzaría plasmación en los años sucesivos, dando lugar a un sistema de relaciones sindicales de tan singulares rasgos como el español, cuyas luces son indudables, pero que presenta también algunas zonas de cierta penumbra.

Comparto hoy con los fieles amigos de esta bitácora la versión de síntesis de dicho estudio preliminar, que acaba de ser publicada como columna de Opinión en el número 52 de Trabajo y Derecho, correspondiente al mes de abril.

La cubierta y el sumario del número 52 de Trabajo y Derecho pueden ser descargados desde el siguiente enlace:

Trabajo y Derecho_52_cubierta y sumario

La columna de Opinión de Wilfredo Sanguineti, titulada “El sindicato como sujeto político, cuatro décadas después”, puede ser descargada desde el siguiente enlace:

Trabajo y Derecho_52_Opinion_El sindicato como sujeto politico_WSANGUINETI

Sobre el IV AENC para 2018, 2019 y 2020

Aunque su firma se produjo apenas el pasado 25 de julio y fue objeto en su momento de una muy relevante atención mediática, la pausa veraniega primero y el curso que ha tomado la discusión política al volver de esta, centrado en la puesta en cuestión de la biografía académica de determinados actores, han determinado que el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018, 2019 y 2020 haya terminado por quedar poco menos que al margen del debate social.

A despecho de esta falta de atención, este acuerdo se diferencia de sus precedentes por contener importantes elementos de novedad, tanto formales como sobre todo de contenido, a los que conviene prestar detenida atención, ya que apuntan líneas de cambio de decisiva importancia para la futura ordenación de las relaciones laborales en España.

Estas líneas de cambio, que los agentes sociales postulan deberán recogerse en los futuros procesos de negociación colectiva o ser desarrolladas a nivel legislativo como parte de un proceso de concertación de carácter tripartito, son esencialmente tres:

A) La conveniencia de promover desde la autonomía colectiva de una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, con especial atención a los más bajos.

B)  La necesidad de hacer frente desde la ley a los efectos adversos que está teniendo sobre los salarios y las condiciones laborales el recurso desmedido a la subcontratación de actividades productivas.

C) La importancia de combatir la desigualdad, especialmente salarial, entre hombres y mujeres  con un conjunto articulado de medidas que busquen atacar sus causas más allá del propio mercado de trabajo y no solo sus efectos dentro de este.

En los tres casos se trata de orientaciones que suponen una clara ruptura con el pasado, que los firmantes del acuerdo se comprometen a promover dentro de sus respectivos ámbitos de influencia, en el primer caso, o respecto de las cuales reclaman el inicio de procesos de negociación que se enmarcan dentro del nuevo tiempo político que se ha abierto en los últimos meses. Y a cuya evolución habrá que estar muy atentos en el futuro, ya que marcan una agenda del cambio postulado de forma compartida por los interlocutores sociales, a la que el Gobierno seguramente no podrá dejar de prestar atención.

La importancia de este acuerdo ha determinado que dedicase la columna de Opinión del número 45 de Trabajo y Derecho, correspondiente a este mes de septiembre, a su análisis.

La acompaño a esta entrada, con mi gratitud a los tenaces amigos de esta bitácora, una vez más, por su paciencia. Van con ella también la cubierta y el sumario, así como el texto del IV AENC publicado en el BOE.

La cubierta y el sumario del número 45 de Trabajo y Derecho pueden ser descargados desde el siguiente enlace: 

Trabajo y Derecho_45-Cubierta y sumario

La Opinión de Wilfredo Sanguineti, titulada “El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018, 2019 y 2020”, puede ser descargada desde el siguiente enlace:

Trabajo y Derecho_45-OPINION-IV AENC-WSANGUINETI

El texto del IV AENC puede ser descargado desde el siguiente enlace:

BOE-IV AENC