Sobre la RSE subcontratada y sus límites

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Los recientes sucesos de Bangladesh, donde el derrumbe de una fábrica textil en la que se producía ropa para importantes marcas, la cual había sido certificada previamente como segura o no peligrosa, ocasionó más de mil doscientos muertos, han servido para poder de manifiesto los límites del modelo de verificación del cumplimiento de estándares sociales básicos por parte de sus proveedores y contratistas utilizado por las grandes compañías multinacionales.

Este modelo, cuyo diseño reproduce el modelo de subcontratación que utilizan dichas empresas para externalizar su producción, se basa en la utilización de entidades independientes de carácter especializado y el envío por parte de éstas de verificadores a los centros de trabajo para que certifiquen in situ el acatamiento o no de los requerimientos en materia social de sus clientes. Su talón de Aquiles se encuentra, de un lado, como es evidente, en el carácter esporádico y aislado de dichas visitas. Pero, del otro, también, y muy especialmente, en una característica de estas que no necesariamente debería acompañarlas: el nulo espacio que dentro de ellas se dedica a oír a los trabajadores y sus organizaciones. A lo cual se suma, claro está, la total falta de comunicación posterior con estos.

¿Quien sino los trabajadores conoce la situación real en la que se presta el trabajo en las empresas contratistas? ¿Quien sino las organizaciones formadas por aquellos está en condiciones de informar rápidamente de cualquier práctica laboral injusta o condición laboral peligrosa a fin de que no se produzcan situaciones como las que todos lamentamos?

Incorporar a este modelo fórmulas de participación de los trabajadores en las auditorias, así como de interlocución con las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito de las empresas contratistas, cuya presencia debería ser además estimulada, constituye por ello un complemento indispensable sin el cual seguramente el modelo de control de la RSE hasta ahora aplicado seguirá sin cumplir su función a cabalidad, con las indeseables consecuencias por todos conocidas.

Mientras esto no ocurra, la RSE de las empresas multinacionales seguirá avanzando de forma puramente reactiva, a golpe de escándalos y catástrofes, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Se adjunta a la presente entrada la siguiente documentación: 

· El informe “Responsabilidad Subcontratada”, en el que el sindicato AFL-CIO denuncia los límites del modelo de supervisión aún vigente:

csr_repor_final_word_espanol-2 CERTIFICACION

· La versión en español del “Acuerdo sobre prevención de incendios y seguridad en la construccción en Bangladesh”, suscrito el pasado 12 de mayo por los sindicatos IndustryALL y UNI y cuarenta multinacionales de la moda, como reacción frente a los sucesos ocurridos en ese país: 

2013-05-12 – Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh CLEAN_ES

Desde Lima: multinacionales contra la precariedad

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Mis primeros dias de estancia en Lima, dedicados a instalarme en esta ciudad para cumplir una estancia de un semestre como profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica del Perú, me han sorprendido con una noticia singular.

El pasado 4 de marzo seis multinacionales norteamericanas del sector textil con contratistas en el Perú (Nike, 47 Brand, Life is Good Company, New Balance, PVH Corp y VF Corporation) dirigieron una carta al Presidente Ollanta Humala expresándole su preocupación por la vigencia en este país del Decreto-Ley 22342, a través del cual se permite a las empresas dedicadas a la exportación de productos calificados como “no tradicionales”, los textiles entre ellos, contratar masivamente y sin ningún límite trabajadores mediante contratos de duración determinada.

Para los firmantes del documento, se trata de una norma que “alienta y tolera violaciones a los derechos laborales” y “constituye un obstáculo para la correcta aplicación de nuestros códigos de conducta”, por lo que declaran encontrarse a la expectativa del resultado del debate que se producirá próximamente en el Congreso de la República sobre su derogación, a la vez que entienden que se trata de “una oportunidad” para que el Gobierno “demuestre su firme apoyo a la inclusión social y el trabajo decente, mediante el apoyo a la derogación de las disposiciones laborales del Decreto-Ley 22342”.

Las consecuencias laborales de la aplicación a lo largo de más de tres décadas de dicho régimen especial de contratación son de sobra conocidas: un elevadísimo índice de temporalidad y rotación en el empleo, bajos niveles de ingresos e indices muy escasos de sindicación. Todo ello en medio de un crecimiento espectacular del sector, cuyas ventas se multiplicaron por veinte en el mismo período. Esta es una realidad que fue denunciada en su día en este blog, sirviéndome de los datos proporcionados por Christian Sánchez y Fernando Cuadros en su estudio “Efectos de la política de fomento del empleo temporal en la actividad textil exportadora”, que fue colgado junto con un comentario titulado “Radiográfía de un crecimiento excluyente” el 17 de noviembre de 2009, al cual me remito.

Que ahora un grupo de multinacionales, norteamericanas para más señas, soliciten de manera expresa apoyo para su derogación es sin duda notable. En particular, porque supone dar un paso más sobre la tradicional postura de este tipo de empresas, que suele limitar su preocupación por los estándares laborales de sus contratistas al cumplimiento de su legislación nacional del país en el que residen y el respeto de los cuatro derechos laborales fundamentales proclamados por la OIT en 1998. Más allá de ello, lo que parece estar detrás de este documento es la asunción de un compromiso por parte de las mismas con la consecusión efectiva de estándares de trabajo decente por parte de sus colaboradores. Algo que un sistema de contratación como el reseñado ha venido impidiendo sistemáticamente.

Este singular giro supone pasar implícitamente, de la tradicional visión defensiva sobre el rol de los compromisos de RSE de las multinacionales en materia laboral, que los contempla esencialmente como mecanismos dirigidos a evitar escándalos que minen su buena imagen comercial, a una concepción positiva de los mismos, basada en su consideración como herramientas de mejora real de las condiciones de sus destinatarios. 

Naturalmente, este pronunciamiento ha sido considerado como una injerencia en los asuntos internos del Perú por parte del gremio de exportadores peruanos, que continúa aferrado, hoy como en los años setenta, a los bajos salarios como herramienta esencial para competir a nivel global.

¿Son los bajos salarios y la precariedad  la única forma como las empresas exportadoras peruanas, y en particular las textiles, pueden continuar creciendo en el futuro? ¿No existe otra forma de insertarse en el mercado mundial, que vea el trabajo decente como una herramienta para competir de forma más adecuada y eficaz en vez de como una rémora?

Por sorprendente que parezca, ahora mismo las multinacionales norteamericanas, que no son precisamente organizaciones caritativas, parecen querer mostrarnos que el de siempre no es el único camino posible.

La carta de las empresas multinacionales norteamericanas al Presidente Ollanta Humala puede ser descargada desde el siguiente enlace:

Carta-Presidente-Ollanta-Humala-4-marzo-2013

 

La consolidación del modelo de RSE de INDITEX

E. Irwing Couse, Tejedor Amerindio

La vigilancia del cumplimiento de compromisos de RSE de las empresas multinacionales tropieza con grandes dificultades de orden práctico cuando éstas se encuentran a la cabeza de cadenas de compradores (sectores textil, de la confección, del calzado, etc.), ya que entonces la elaboración de los bienes que llevan sus marcas la realizan en su totalidad proveedores y contratistas con los que las mismas no mantienen más vínculos que los de carácter comercial.

Controlar que todas las empresas colaboradoras –y, a su vez, las que colaboran con ellas– se ajustan en las relaciones con sus trabajadores a los estándares de trabajo decente exigido por estas compañías constituye, tratándose de este tipo de redes, una tarea extremadamente delicada y compleja, dado su elevado número, su muy variada localización geográfica y la evidente imposibilidad de ejercer sobre cada uno de ellas un control constante. El riesgo de que, incluso manteniendo una actitud diligente, pueda estallar algún escándalo generado por la conducta inescrupulosa de un contratista o proveedor, del cual pueda ser responsabilizada ante la opinión pública la empresa multinacional, con el consiguiente desprestigio de su imagen y credibilidad ante los consumidores, es evidente.

Naturalmente, si alguien está en condiciones de conocer si existen o no tales abusos, y por tanto de ponerlos en conocimiento de la matriz para que adopte las medidas necesarias a los efectos de que sus autores les pongan fin, son los trabajadores y sus organizaciones. Las redes sindicales pueden convertirse, por ello, también en redes de vigilancia y alerta frente a las prácticas laborales injustas que puedan cometerse en las cadenas de producción de las empresas multinacionales que se dedican a este tipo de actividades.

La mejor prueba de que este modelo es capaz de funcionar lo ofrece la experiencia de la multinacional española INDITEX, cuya red abarca aproximadamente 1.300 proveedores ubicados en 60 países, los cuales dan empleo a más de 500,000 trabajadores. A partir de la elaboración unilateral de un Código de Conducta para sus talleres y colaboradores externos, esta empresa ha ido avanzando hacia la consolidación de un modelo de cooperación con las organizaciones sindicales en la vigilancia de su cumplimiento. El hito más importante en la construcción de este modelo estuvo representado por la suscripción en 2007 con la Federación Sindical Internacional textil de un Acuerdo Marco Internacional dirigido a hacer efectiva la implantación sindical en su red de proveedores y contratistas con tal objeto.

Recientemente hemos asistido, no obstante, a un acto que representa un paso decisivo para su consolidación. Se trata de la firma, el pasado 4 de mayo, de un “Protocolo para concretar la participación sindical para el fortalecimiento del AMI en la cadena de producción de INDITEX”. Este importante documento, suscrito luego del escándalo causado por la comprobación de la explotación ilegal de trabajadores migrantes por subcontratistas de esta empresa en Brasil, busca “reforzar el control en su cadena de producción” de “todos sus proveedores y sus subsiguientes fabricantes”, mediante el reconocimiento en favor de los sindicatos locales, nacionales y regionales afiliados a la Federación Sindical Internacional textil, así como a ésta misma, de los siguientes derechos:

· A recibir información sobre la cadena de producción dentro de sus respectivos ámbitos.

· Al acceso físico a los centros de trabajo que la integran.

· A conocer el programa de auditorías de la compañía y los fabricantes a auditar.

· A plantear a la compañía la adopción de medidas para corregir los incumplimientos.

· A conocer los planes de acción puestos en marcha por la misma para su corrección.

Me complace ofrecer a los lectores de este blog a través del archivo adjunto una copia del original de tan destacado acuerdo.

El “Protocolo para concretar la participación sindical para el fortalecimiento del AMI en la cadena de producción de INDITEX” puede ser descargado desde siguiente enlace:

Protocolo – Cadena de Produccin INDITEX

Por un trabajo decente y las libertades colectivas plenas

Manifiesto de los cincuenta y cinco sobre la reforma laboral

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva. 
 
La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su «empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.
 
La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.
 
Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.
 
Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.

– Alemán Páez, Francisco (UCórdoba)

– Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)

– Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)

– Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)

– Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)

– Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)

– Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)

– Camas Roda, Ferrán (UGirona)

– Camps Ruiz, Luis (UValencia)

– Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)

– Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)

– Cruz Villalón, Jesús (USevilla)

– Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)

– Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)

– Fernández López, María Fernanda (USevilla)

– Ferrando García, Francisca (UMurcia)

– Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)

– Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)

– García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)

– García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)

– Garrido Pérez, Eva (UCádiz)

– González Posada, Elías (UValladolid)

– Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)

– Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)

– López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)

– López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)

– Luján Alcaraz, José (UMurcia)

– Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)

– Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)

– Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)

– Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)

– Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)

– Monereo Pérez, José Luis (UGranada)

– Moreno Vida, María Nieves (UGranada)

– Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)

– Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)

– Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)

– Olarte Encabo, Sofía (UGranada)

– Palomeque López, Carlos (USalamanca)

– Pardell Vea, Agnes (ULerida)

– Pérez del Río, Teresa (UCádiz)

– Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)

– Quesada Segura, Rosa (UMálaga)

– Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)

– Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)

– Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)

– Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)

– Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)

– Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)

– Sanguineti Raymond, Wilfredo (USalamanca)

– Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)

– Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)

– Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)

– Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)

– Vida Soria, José (UGranada)

 
Este manifiesto ha sido publicado el día de ayer 24 de marzo en el Diario El País. La publicación puede ser vista en el siguiente enlace:
 

 

 
 

AL VOLVER: La participación de los sindicatos locales en el control del cumplimiento de los compromisos de RS de las empresas multinacionales

Alfredo Ramos Martínez, Los trabajadores, 1944-1945

 En los últimos meses de forzado silencio de esta bitácora se han producido muchos acontecimientos que, en condiciones normales, hubieran merecido su atención.

Al asumir hoy el compromiso de volver a alimentarla al menos una vez al mes, que es lo que de momento me permite el proceso de recuperación de mis capacidades, no he encontrado mejor motivo que destacar los avances alcanzados en la valoración de la participación de los sindicatos locales en el control del cumplimiento de los compromisos de respeto de los derechos laborales fundamentales a lo largo de sus cadenas de producción asumidos a través de instrumentos diversos por las empresas multinacionales.

Expresión de ello es el Acuerdo de Intenciones suscrito recientemente por INDITEX y la Federación Sindical Internacional de Trabajadores Textiles con el objeto de elaborar un protocolo de actuación que favorezca esa participación en la supervisión del respeto del Código de Conducta para Talleres y Colaboradores Externos de esa compañía, así como el Acuerdo Marco Internacional celebrado hace cuatro años por ambas partes. Una decisión en cuya base se sitúa el escándalo causado por las denuncias, luego comprobadas, de explotación ilegal de trabajadores migrantes por subcontratistas de INDITEX en Brasil.

Esta y otras experiencias ponen de manifiesto cómo la implantación sindical a lo largo de la cadena de producción puede convertirse en un instrumento de verificación y prevención de conflictos especialmente eficaz.

Me complace adjuntar a esta entrada Acuerdo de Intenciones antes referido, así como alguna información periodística reciente sobre los incidentes que se encuentran en la base de su suscripción.

El Acuerdo de Intenciones sobre “Incremento de la participación sindical para el fortalecimiento del Acuerdo Marco Internacional en los países de producción de Inditex” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Acuerdo de Intenciones INDITEX-ITGLWF

Recientes notas periodísticas sobre la intervención de Inditex y la Federación Sindical Internacional de Trabajadores Textiles en la solución de las denuncias sobre explotación de trabajadores migrantes en Brasil puede ser descargadas desde el siguiente enlace:

ZARA llega a un acuerdo con el Gobierno de Brasil por una acusación de practicar trabajo esclavo

Responsabilidad social: el caso INDITEX

Los acuerdos marco internacionales y la defensa del modelo social europeo

Vincent Van Gogh, El sembrador (1888)

La sostenibilidad del modelo social europeo se basa en una premisa que, aunque pocas veces se explicita, resulta esencial: aunque el reconocimiento de un elevado nivel de derechos a los trabajadores es capaz de ocasionar desventajas a la economía europea desde el punto de vista cuantitativo (es decir, en términos de elevación de los costes de producción), éstas se ven compensadas por la obtención de importantes beneficios de índole cualitativa (una mayor productividad, derivada de la superior cualificación, el mayor progreso tecnológico y la estabilidad institucional), que permiten que el balance de conjunto resulte finalmente positivo.

Que la anterior es una apreciación acertada en términos generales lo demuestra el hecho de que Europa haya sido capaz de hacer frente al avance cada vez mayor del proceso de globalización sin haberse convertido en un páramo industrial. Sin embargo, el hecho de que los países europeos hayan padecido, de todas formas, importantes procesos de deslocalización industrial, así como las constantes y fortísimas presiones que existen, tanto a nivel de los Estados como de la propia Unión Europea, a favor de una reducción de los niveles de protección social y laboral, nos permiten apreciar cómo, aún siendo muy relevantes, las mencionadas ventajas cualitativas del modelo tampoco hacen por completo inmune a la economía europea frente a la presión competitiva de otros sistemas que se inspiran en una lógica distinta.

En estas condiciones, no cabe más que reconocer que la viabilidad del modelo social europeo depende también de factores exógenos. Y en particular de que se garantice a los trabajadores de otras latitudes un núcleo básico de derechos que sea capaz, si no de neutralizar tales presiones, al menos de aminorarlas. Por ello, abogar por la extensión de los derechos laborales en el mundo no es, para los trabajadores europeos, solamente un deber solidario, sino una necesidad derivada de la interdependencia entre sistemas sociales generada por la globalización.

La cuestión es, naturalmente, cómo contribuir a esa necesaria extensión.

Mi participación el pasado 25 de noviembre en el Seminario “Modelo Social Europeo y Sindicalismo Europeo”, organizado por el Observatorio “Sindicalismo en la Globalización” de la Fundación 1 de Mayo, me ha permitido poner de manifiesto el importante papel que, a tales efectos, está en condiciones de cumplir la cada vez mayor implicación sindical en las prácticas de responsabilidad social de las empresas multinacionales. Una implicación que está dando lugar a instrumentos inéditos hasta hace no mucho tiempo, como los acuerdos marco internacionales, a través de los cuales es posible, partiendo del interés de las casas matrices de preservar a sus marcas del desprestigio que puede ocasionarles la existencia de prácticas laborales abusivas, asegurar el respeto de los derechos laborales fundamentales –la libertad sindical incluida– a lo largo de sus cadenas mundiales de producción, superando así las fronteras nacionales y la barrera de la personalidad jurídica de los sujetos (filiales, contratistas, socios comerciales) para los que en cada caso prestan servicios los trabajadores. Un resultado que, de momento, no está en condiciones de poder ser alcanzado a través de ningún otro instrumento internacional.

De estos instrumentos, así como de la importante contribución que mediante su promoción están en condiciones de llevar a cabo los sindicatos europeos a la difusión de los derechos laborales en el mundo –y, a través de ella, a la preservación del modelo social europeo– trata la presentación que se pone a disposición de los lectores de este blog al final de esta nota.

A la misma se añade el informe “Perú 20010. Una aproximación sindical II”, elaborado por Isidor Boix, Secretario de Acción Sindical Internacional de FITEQA-CC.OO., en el que se pone de manifiesto, a partir de información recogida sobre el terreno, el efecto dinamizador que la aplicación de los compromisos de responsabilidad social empresarial está teniendo sobre la sindicación de los trabajadores del sector textil exportador de ese país.

La presentación de Wilfredo Sanguineti Raymond “Los Acuerdos Marco Internacionales: un instrumento de defensa del modelo social europeo” puede ser descargada desde el siguiente enlace:

PRESENTACION LOS AMI Y EL MSE – WSANGUINETI

El informe de Isidor Boix “Perú 20010. Una aproximación sindical II” puede ser descargado desde el siguiente enlace:

INFORME PERU 2010 UNA APROXIMACION SINDICAL – IBOIX

Desde Trujillo: radiografía de un crecimiento excluyente

  

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Guayasamín, Los trabajadores, 1942

 

Mi participación en el VI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo celebrado hace un par de semanas en la ciudad de Trujillo me ha permitido reflexionar sobre una realidad sin duda inquietante.

Es de sobra conocido que el Perú lleva creciendo ininterrumpidamente desde 2001 a una media de 7 % anual. Incluso este año de crisis la tasa de crecimiento será también positiva. Estos buenos resultados no estan sirviendo, sin embargo, para avanzar significativamente en la reducción de la “brecha social” que ha padecido históricamente este país, cuyo origen se encuentra en la incapacidad de su estructura productiva para generar empleos de calidad en el volumen requerido por su población debido al predominio de las actividades extractivas orientadas hacia la exportación, por lo general intensivas en capital y no en mano de obra.

Para ello hubiera sido preciso que, en esta fase de expansión, se utilizase de manera inteligente las herramientas redistributivas disponibles, con el fin de lograr que el crecimiento del sector exterior se “irradie” al mercado interno, contribuyendo a su desarrollo y a la creación de un mayor volumen de empleos de calidad. Entre ellas, naturalmente, la garantía de un trabajo decente, con derechos y un salario digno, para los trabajadores de los sectores punteros, que permita que el crecimiento “llegue” a éstos y. por medio de ellos, al conjunto de la economía.

¿Es esto lo que ha ocurrido en los últimos años?

Lastimosamente, la respuesta es negativa. Antes bien, lo que se ha puesto en marcha han sido medidas estatales y políticas empresariales dirigidas a conseguir el efecto contrario en todos los sectores que han experimentado  una bonanza especial. Piénsese en el sector textil exportador, que se viene beneficiando desde fines de los años setenta de un “régimen especial” que permite a las empresas contratar trabajadores temporales con total libertad (DL 22342), en el sector agroexportador, que desde principios de la presente década dispone de un “régimen laboral especial” que reduce la mayor parte de los beneficios laborales a la mitad (Ley 27360), o en la minería, donde el mismo efecto ha podido ser conseguido mediante el recurso indiscriminado a la subcontratación.

Como resultado de estas actuaciones, el trabajador textil, de la agricultura y de la minería del Perú es hoy, en medio del mayor auge de estas actividades en toda la historia del país, predominantemente un trabajador precario y pobre, con un nivel de ingresos que apenas supera el salario mínimo y la línea de pobreza. Muestra de ello es el estudio elaborado por Christian Sánchez Reyes y Fernando Cuadros Luque que se pone a disposición de los lectores de este blog al final de esta entrada, en el que se estudian los efectos de la política de fomento del empleo temporal en la actividad textil exportadora.

Esta constatación arroja importantes dudas sobre la sostenibildad del crecimiento a medio y largo plazo. Es decir, cuando los términos de intercambio dejen de ser tan favorables. Es obvio que la misma sólo puede estar basada en el desarrollo del mercado interno y la potenciación de aptitudes y capacidades que permitan competir eficazmente en actividades menos dependientes de las fluctuaciones del mercado internacional. La garantía de un trabajo decente y con derechos se convierte, en virtud de ello, en una herramienta indispensable para conseguir que la bonanza actual pueda pueda transfomarse en desarrollo.

De alli que convenga replantearse las políticas estatales de fomento de la competitividad de los sectores punta sobre la base de reducir la protección laboral y examinar la posibilidad de imponer algún contrapeso a las estrategias empresariales que favorecen ese mismo efecto donde no existen regímenes especiales. En caso contrario, se podría haber perdido una extraordinaria oportunidad para avanzar en cerrar esa atávica  “brecha social” que ha hecho siempre del Perú un país atormentado y lleno de contradicciones.

En suma, el trabajo decente es un “lujo” que un país emergente como el Perú no se puede dejar de permitir.

 

EL ESTUDIO DE CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES Y FERNANDO CUADROS LUQUE TITULADO “EFECTOS DE LA POLÍTICA DE FOMENTO DEL EMPLEO TEMPORAL EN LA ACTIVIDAD TEXTIL EXPORTADORA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: c-sanchez-f-luque-efectos-temporalidad-sector-textil-exportador