El contradictorio mensaje de una reforma insuficiente

Edvard Munch, Trabajadores retornando a casa

Lo que hace difícilmente asumible la reforma laboral aprobada en España el pasado miércoles 16 de junio a través del Real Decreto-Ley 10/2010 no es el diagnóstico que la inspira ni los objetivos que se propone, sino la falta de coherencia entre ambos y las medidas que se ha optado por introducir. 

El punto de partida de la construcción del Decreto está constituido por el entendimiento de que la gran incidencia que ha tenido en España la contracción de la actividad productiva sobre el empleo encuentra buena parte de su explicación en deficiencias del modelo de relaciones laborales imperante. En particular, en el “significativo peso” que dentro del mismo tienen “los trabajadores con contrato temporal” y en el “escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas”. Ambos factores habrían contribuido a que el ajuste a las condiciones del ciclo económico se produjese, a despecho de otras opciones menos traumáticas, casi exclusivamente mediante la destrucción de puestos de trabajo. Nada menos que dos millones y medio en dos años. 

Es posible debatir sobre si el sistema legal es responsable de esta situación o en la base de ella se sitúa más bien la inclinación de los agentes económicos a hacer frente a su falta de competitividad a través de técnicas de gestión de los recursos humanos que favorecen el abaratamiento abusivo de los costes del trabajo. Lo que, en todo caso, no parece que pueda discutirse, al menos a partir de tal diagnóstico, es la conveniencia de adoptar medidas dirigidas a combatir la marcada preferencia del empresariado por la flexibilidad externa (contratos temporales y despido) frente a la interna (cambios en la jornada y las condiciones de trabajo) y su predilección por las formas de extinción no causal (no renovación de contratos temporales y despido disciplinario reconocido como improcedente) frente a las causales (despidos por razones empresariales). De hecho, es esto lo que se propone la reforma. Sus objetivos esenciales  son, en palabras de la exposición de motivos del Decreto, “corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, promoviendo la estabilidad en el empleo” e “incrementar la flexibilidad interna de las empresas”. 

Las medidas introducidas, sin embargo, no sólo no son coherentes con estos objetivos sino que terminan por trasmitir un mensaje contradictorio con ellas.  

La “reducción de la dualidad de nuestro mercado laboral” exige, como el propio legislador admite, medidas de dos tipos. Unas encaminadas a “restringir el uso injustificado de la contratación temporal” y otras a “favorecer una utilización más intensa de la contratación indefinida”. Pues bien, a poco que se revise el contenido de la norma se advertirá el marcado desbalance entre ambas. 

Lo único que se hace a los efectos de limitar el empleo abusivo de los contratos a término es introducir un plazo máximo llamativamente extenso (nada menos que tres años, extensibles por convenio sectorial a cuatro) para los contratos temporales para obra o servicio determinado. Una medida que parece dirigida, más que a imponer límites a su empleo a legitimar todas las contrataciones que no los superen. Fuera se quedan, así, otras actuaciones seguramente recomendables, como la de reforzar el carácter causal de este contrato, vinculándolo a necesidades derivadas de un ciclo productivo no regular, o la de restringir su utilización en los supuestos de externalización de actividades permanentes. Por no hablar de la necesidad de causalizar también el empleo de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y asignarles un plazo máximo acorde con su naturaleza. 

Esta llamativa insuficiencia contrasta con la gran atención puesta en el segundo de tales objetivos. Las medidas adoptadas, sin embargo, se dirigen en su totalidad a favorecer el empleo de los contratos de duración determinada a través del contradictorio método de facilitar y abaratar su extinción. Y en especial su extinción no justificada. El legislador asume aquí el discurso empresarial según el cual la razón de los males del mercado de trabajo español se encuentra en los elevados costos del despido. Y, en función de ello, dirige su atención a reducirlos hasta por cuatro vías. A saber: a) aligerando al limite de lo posible las exigencias causales de los despidos procedentes por motivos relacionados con el funcionamiento de la empresa, sujetos a un costo indemnizatorio inferior (veinte días por año de trabajo en lugar de cuarenta y cinco), mediante la exigencia de la sola demostración de una “razonabilidad mínima” de la decisión extintiva; b) extendiendo hasta su casi universalización (sólo quedan fuera las personas mayores de treinta y menores de cuarenta y cinco años que lleven inscritos como desempleados menos de tres meses o no hayan trabajado en los dos años previos) del contrato de fomento de la contratación indefinida, sujeto también a un costo indemnizatorio inferior en caso de despido improcedente (treinta y tres días por año de servicio en vez de cuarenta y cinco); c) ampliando la figura del despido exprés, que permite reducir el pago de los salarios de tramitación mediante el reconocimiento previo y expreso de su improcedencia, a los despidos por causas objetivas; y d) disminuyendo en ocho días de la cuantía de las indemnizaciones a abonar por el empresario en los despidos por razones empresariales, sean estos procedentes o improcedentes, mediante la asunción del pago de ocho días por año de servicios por el Fondo de Garantía Salarial.  Lo anterior no sólo permite apreciar con facilidad el desbalance manifiesto entre las medidas dirigidas a favorecer un uso más razonable de la contratación temporal y las que buscan promover la contratación por tiempo indefinido. También aparece con toda evidencia la inclinación del legislador a tratar de promover el uso de los contratos por tiempo indeterminado reduciendo las cargas y costos de su extinción sin causa.   

Si existe un despido que no hay que abaratar y facilitar, al menos cuando lo que se quiere es combatir el dualismo y la precariedad en el mercado de trabajo, ese es precisamente el despido improcedente. Por ello, la reforma debió centrar su atención, en todo caso, en tratar de hacer más simple y económico despido procedente, basado en razones empresariales acreditadas y serias, mediante una aplicación más selectiva de los recursos por ella diseñados (reducción de la carga indemnizatoria y asunción de parte de ésta por el FOGASA) centrada exclusivamente en esta clase de despidos. 

Al no haberlo hecho así, y persistir además la levedad del control sobre el uso injustificado de los contratos temporales, es de temer que la flamante reforma de 2010 no sirva sino para hacer aún más profundo el proceso de dualización de nuestro mercado de trabajo. Desalentando, de paso, el empleo de los mecanismos de “flexibilidad interna” que en otros pasajes de la norma se intenta impulsar.  

Se trata, por ello, de una reforma que, partiendo de un diagnóstico compartido por muchos es capaz de conseguir el efecto contrario al que se propusieron sus autores.   

El texto del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf   

ADDENDA: El debate en torno a la reforma laboral   

Se recogen a continuación otras opiniones publicadas en medios como este sobre la reforma laboral.    

El artículo de Carlos Alfonso Mellado, ¿Reforma laboral? Si, pero otra, publicado en el Diario El País el pasado 18 de junio y reproducido luego en el Blog de Antonio Baylos puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://baylos.blogspot.com/2010/06/reforma-laboral-la-opinion-de-carlos.html   

El post de Antonio Álvarez del Cubillo, “Reflexiones: la reforma laboral y la crisis”, aparecido en el blog del autor, puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://tiempos-interesantes.blogspot.com/2010/06/reflexiones-la-reforma-laboral-y-la.html  

El artículo de Antonio Baylos, “La reforma del mercado de trabajo, fase dos de la terapia anticrisis”, publicado en el Diario El País el pasado 20 de junio y colgado después en el blog del autor, puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://baylos.blogspot.com/2010/06/la-reforma-del-mercado-de-trabajo-fase.html

El artículo de Antonio Gutiérrez, “Será más fácil despedir que flexibilizar”, aparecido en el Diario El País el 22 de junio, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.elpais.com/articulo/espana/Sera/facil/despedir/flexibilizar/elpepiesp/20100622elpepinac_4/Tes?pronto=1 

Despedida por ser “demasiado guapa” (y hacer que se note)

El día de ayer, el diario El Mundo se hizo eco de la denuncia de una trabajadora neoyorquina, aparecida originalmente en el semanario Village Voice, que declaraba haber sido despedida por la entidad bancaria para la que trabajaba debido a su aspecto físico y forma de vestir, particularmente llamativos. Dicho con pocas palabras: por ser “demasiado guapa” y hacerlo notar con una vestimenta apropiada.

Esta es una noticia que se presta, como es obvio, a múltiples comentarios. La cuestión de fondo que a ella subyace, sin embargo, es un verdadero clásico dentro de la reflexión laboralista. En efecto, más allá de los detalles del caso, lo que en él se expresa con toda claridad es un conflicto entre, de una parte, el derecho de la trabajadora a elegir su forma de vestir y, a través de ella, la apariencia que desea transmitir a los demás, y el del empresario a condicionar esa elección cuando ello constituya una necesidad objetiva para el buen desarrollo del trabajo o esté en condiciones de afectar de forma relevante sus intereses legítimos.

Que el empleador puede condicionar la apariencia del trabajador, imponiéndole ciertos códigos de vestimenta, no es algo que sea difícil de admitir. Basta con comprobar los múltiples supuestos en los que el personal de determinadas compañías se ve constreñido a usar un uniforme durante la jornada de trabajo. Para ello es preciso, no obstante, que exista detrás de tal decisión un interés empresarial de suficiente entidad como para imponer la restricción de un derecho tan vinculado al libre desarrollo de la personalidad como es el de determinar la propia imagen. Éste es el caso, por ejemplo, de la exigencia de identificación del personal de vuelo, tratándose de una empresa de transporte aéreo.

Desde este punto de vista, lo que resulta difícil identificar en el caso es, precisamente, dicho interés. Ni el trabajo parece ser uno que requiera, por su propia naturaleza, la adecuación a unos determinados códigos de vestimenta, ni es posible establecer que la manera como adorna su indumentaria la trabajadora perjudica de forma objetiva los intereses de la empresa, por ejemplo por dañar su buena imagen. Algo que pudiera ocurrir, por ejemplo, si la misma lleva a cabo sus labores de cara al público y su apariencia se aleja notoriamente de los usos del sector o de lo que socialmente se espera de las personas que se dedican a esas actividades. Naturalmente, ausentes una y otra motivación, cierto concepto de “decoro” o “recato” en el vestir no constituye argumento suficiente para fundamentar la limitación de su derecho a configurar su apariencia personal.

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Despedida por ser demasiado sexy

Una neoyorquina de 33 años ha de mandado a Citibank por haberla despedido por, según la mujer, vestir demasiado provocativamente en su lugar de trabajo.

Debrahlee Lorenzana ocupa la portada de esta semana del gratuito Village Voice bajo un significativo título: ¿Es esta mujer demasiado sexy para trabajar en un banco?

Según Debrahlee Lorenzana (de madre puertorriqueña y padre italiano), nada más comenzar a trabajar en el banco, en septiembre de 2008, fue víctima de “comentarios sexistas e inapropiados” por parte de sus compañeros masculinos. Sus jefes le recomendaron que moderase su vestuario: no podían concentrarse en su trabajo porque el aspecto de la chica les distraía, dijeron.

Entre otras cosas, le pidieron que dejase las ropas provocativas. A saber, faldas lápiz, trajes entallados, tacones y ¡jerséis de cuello vuelto!

Cuando la joven esgrimió que algunas compañeras también vestían esas prendas, “dijeron que sus cuerpos eran diferentes del mío, y yo llamaba demasiado la atención”, relata al Voice.

Primero traslado, después despido

En mayo de 2009, Lorenzana pidió el traslado a otra sucursal bancaria. En julio le concedieron el traslado, pero un mes después fue despedida por escaso rendimiento laboral.

En noviembre del año pasado la joven demandó a su banco por la pérdida de ingresos y el estrés que le supuso el despido, aunque el caso se ha conocido ahora, tras aparecer en la portada del Voice. En un comunicado, Citibank ha dicho que cree que “este caso no tiene base”, según The Chicago Tribune.

La demandante dice que tras su despido ha encontrado trabajo en otro banco y que, pese a que no ha cambiado su vestuario (que dice comprar, fundamentalmente, en Zara), no ha recibido quejas de sus compañeros.

Noticia Publicada en el Diario EL MUNDO (edición digital) el viernes 4 de junio de 2010 

La cobertura original de la noticia por  Village Voice:

http://www.villagevoice.com/2010-06-01/news/is-this-woman-too-hot-to-work-in-a-bank/

Sobre la constitucionalidad del “despido exprés”

Camilo Egas, Trabajadores sin hogar, 1933

(A propósito de un reciente texto de José Luis Goñi Sein) 

Como tuve la ocasión de señalar en la entrada publicada el pasado 8 de mayo, la figura del despido fraudulento, entendiendo por tal aquel en el que el empresario imputa al trabajador de forma maliciosa hechos por completo falsos o inexistentes con el solo propósito de obtener una declaración de improcedencia que le permita extinguir la relación de trabajo mediante el abono de una indemnización, se vio legitimada en España mediante la creación en 2002 del denominado “despido exprés”, un particular mecanismo dirigido abaratar los costos extintivos y desalentar la litigiosidad mediante la exoneración a los empresarios del deber de abonar los salarios de tramitación que puedan devengarse durante los procesos de impugnación del despido siempre que procedan, después de entregada la carta de despido, a reconocer su improcedencia, depositando la indemnización correspondiente en el juzgado a disposición del trabajador (artículo 56.2 ET).  La creación de este singular mecanismo no sólo ha generado una multiplicación de los despidos improcedentes en España, sino que ha dado lugar a una práctica perversa, consistente en la imputación al trabajador de cargos o hechos ficticios o claramente no aptos para justificar el despido, con la sola finalidad de, una vez reconocido el carácter improcedente de esta forma de actuar, extinguir la relación de trabajo sin más consecuencias que el pago de la indemnización tasada legalmente. 

Que esta deliberada imputación de hechos ficticios, inventados o no existentes constituye una vejación para el trabajador, al que se le niega la consideración que le corresponde como persona y se le somete a un trato abusivo, irrespetuoso y degradante, es algo que, para quien esto escribe, no deja dudas. Lo mismo que afirmar que se trata de actos contrarios a la Constitución, en tanto que contrarios a la dignidad de la persona (artículo 10). 

A pesar de lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido mostrando una patente insensibilidad frente a esta clase de situaciones. Recientemente empiezan, no obstante, a levantarse voces críticas frente a tan injusta situación. Este es el caso del reciente estudio titulado “La compleja coexistencia de los derechos fundamentales y libertades en la relación de trabajo”, del que es autor José Luis Goñi Sein, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Navarra, además de querido amigo. 

En este estudio, Goñi sostiene que, cuando la causa disciplinaria imputada es inventada o inexistente, suponiendo la atribución a sabiendas de conductas irreales o hechos reprobables que pueden lesionar la reputación del trabajador, este acto conlleva una vulneración de su derecho constitucional al honor. El despido ha de ser calificado judicialmente, por ello, como nulo por lesión de ese derecho fundamental y no como improcedente, por lo que deberá dar lugar a la readmisión del trabajador sin posibilidad de sustituir esta condena por el pago de una indemnización. 

Aunque no cubre todos y cada uno de los supuestos de uso abusivo del mecanismo previsto por el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, esta tesis, cuya sencillez y lógica son aplastantes, aporta una magnifica base para un necesario replanteamiento desde bases constitucionales de la legitimidad de una figura de tan negativos resultados como el llamado “despido exprés”. 

El estudio de José Luis Goñi Sein, publicado con el número 32 de la Serie Estudios de la Fundación 1º de Mayo, puede ser descargado en versión completa desde el siguiente enlace: 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio32.pdf    

 

Sobre la vigencia de la figura del despido fraudulento

Gustave Caillebotte, Los cepilladores de parquet, 1875

(A propósito de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano)

A lo largo de los años ochenta el Derecho del Trabajo español conoció una figura de origen jurisprudencial dirigida a reaccionar con la máxima severidad frente al uso abusivo, torticero y desleal de la facultad de despedir: el despido radicalmente nulo por fraude de ley. Ésta desapareció, no obstante, luego de la aprobación, a mediados de la década siguiente, de la nueva Ley de Procedimiento Laboral, al interpretar los jueces, de manera opinable, que su no inclusión en la misma era expresiva de la voluntad implícita de suprimirla.        

La desaparición de la figura no supuso, como es obvio, el fin de la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad resolutoria empresarial, que se vio legitimada -y hasta acicateada- años después mediante la legalización del denominado “despido express”. Una figura que convierte en inatacable cualquier decisión extintiva del empresario, por abusiva e injusta que pueda ser, siempre que el mismo reconozca luego su improcedencia y ponga la indemnización correspondiente a disposición del trabajador.        

Otros ordenamientos han experimentado una evolución de signo opuesto. Éste es el caso del Perú, donde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene asignando desde principios de la década pasada efectos restitutorios -y no indemnizatorios- a los denominados despidos fraudulentos, entendiendo por tales aquellos en los que ” se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumple con la imputación de una causa y los cánones procedimentales” (STC de 13 de marzo de 2003, caso Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del Perú).        

La sentencia de este tribunal de 9 de abril de 2010 (caso Carmen Añamuro Añamuro contra Municipalidad de Chorrillos) nos proporciona un buen ejemplo de a qué tipo de actuaciones se aplica esta figura. En ella se ordena a la entidad demandada que reincorpore en su puesto de trabajo a una trabajadora de limpieza a la que se obligó a desplazarse a pie al lugar de ejecución de las tareas, negándosele el transporte que solía proporcionar el empleador, con el propósito de fotografiarla a su llegada e imputarle impuntualidad para proceder a su despido.        

Me pregunto: ¿qué le hubiera ocurrido a la afectada de trabajar para un Ayuntamiento en España? La respuesta de que éste tipo de situaciones no se presentan aquí no me vale. Todos los que nos dedicamos a esta actividad conocemos casos, si no idénticos, reveladores del mismo propósito de utilización torticera de las disposiciones legales para justificar desde el punto de vista formal un despido carente de todo fundamento material. De allí, precisamente, que surgiese aquí la figura del despido nulo por fraude de ley.        

Soy de los que cree que ha llegado el momento de plantearse en España, a la luz de la penosa experiencia de los últimos años, la conveniencia de recuperar la figura del despido fraudulento, anudando esta vez su vigencia a la garantía del Derecho al Trabajo y el necesario respeto a la dignidad de la persona del trabajador. Valores ambos, como es sabido, garantizados al máximo nivel normativo por nuestra Constitución. Éste es un camino que ha empezado a recorrer la doctrina de la mano de obras como la de Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey, “El despido o la violencia del poder privado” (Madrid, Trotta, 2009), a la que se hizo referencia en este blog el pasado 21 de septiembre de 2009.          

A esta entrada se adjuntan el texto de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de abril de 2010, así como la sección de mi “Derecho Constitucional del Trabajo” (Lima, Gaceta Jurídica, 2007), en la que se presenta y analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano que reformuló la noción tradicional de despido arbitrario introduciendo la figura del despido fraudulento.        

La Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano de 9 de abril de 2010 puede ser descargada desde el siguiente enlace:        

STC 9 DE ABRIL DE 2010 DESPIDO FRAUDULENTO        

El apartado de obra “Derecho Constitucional del Trabajo” dedicado al examen de la jurisprudencia constitucional peruana sobre despido fraudulento puede ser descargado desde el siguiente enlace:        

REFORMULACION DEL DESPIDO ARBITRARIO-WSANGUINETI    

 

   

  

La visión de El Roto sobre el debate en torno al abaratamiento del despido

 

Un cambio cultural en la aplicación del Derecho Penal Laboral: escribe Laura Zúñiga Rodríguez a propósito de una sentencia sobre despido por embarazo

Francisco Zúñiga, Maternidad

A todo despido o extinción contractual por motivos relacionados con el embarazo subyace una fatal disyuntiva: o maternidad o trabajo. Lo llamativo del caso del que dio noticia el Diario el País el pasado viernes 2 de abril radica en dos circunstancias diferenciales. La primera, es el hecho de que el empleador optase por hacer explícita dicha disyuntiva, ejerciendo presión sobre la trabajadora para que interrumpa su embarazo si deseaba preservar su puesto de trabajo; la segunda radica en la decisión de la afectada de recurrir a la jurisdicción penal para que se valore la naturaleza delictiva de ese comportamiento. Que su denuncia haya sido acogida, condenándose al empresario a pena de prisión como autor de un delito de coacciones, es expresivo  de un importante cambio en la percepción social de estas conductas y en la propia aplicación del Derecho Penal Laboral, como apunta la Profesora de Derecho Penal Laboral de la Universidad de Salamanca Laura Zúñiga Rodríguez en el comentario que se transcribe a continuación, elaborado especialmente para ser colgado en esta bitácora.   

A CONTINUACIÓN EL COMENTARIO: 

UN CAMBIO CULTURAL EN LA APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO PENAL LABORAL 

El Derecho Penal Laboral es una rama relativamente nueva del Derecho Penal. Ello quiere decir que la consideración como delitos de las conductas que discurren en la relación laboral, es algo asumido por la Sociedad en los últimos treinta años. Anteriormente, estas conductas eran consideradas infracciones del Orden Social, de un Derecho Social que se clasificaba más propiamente en el Derecho Administrativo Sancionador.   

El paso de considerar propiamente delitos las conductas que más gravemente afectan a derechos fundamentales que pueden ser vulnerados dentro de una relación laboral, ha sido dado en España, primero con la codificación penal (con la reforma de 1993 y, de pleno derecho, con el Código Penal de 1995), y luego a través de su aplicación real por los jueces.   

Hasta hace poco, tanto los jueces, como los fiscales y los inspectores de trabajo, que son los primeros que pueden observar estas conductas, eran reacios a considerar delitos estos comportamientos que más se interpretaban como abusos, reprochables sí, pero no tanto como para imponerles una pena y, menos, una pena privativa de libertad. Ello se debía a una arraigada concepción sobre la delincuencia, que partía de concebirla fundamentalmente a partir de estereotipos clásicos de acuerdo con los cuales el autor era un desposeído de la Sociedad y se encontraba al margen de las relaciones sociales normalizadas de la misma.   

El cambio cultural se ha ido dando paulatinamente y los delincuentes de cuello blanco (de los que tan especialmente se ocupó Sutherland en los años treinta) empiezan a ser percibidos actualmente como transgresores cuyas conductas deben ser objeto de reproche a través de los instrumentos más contundentes que posee el Estado. Anteriormente, la posición social de los autores y el hecho de considerarlos como sujetos que cumplían una función social al dar trabajo a otros, eran características que redundaban en una visión de cierta benevolencia por parte de la judicatura (recordemos sentencias como la de la Audiencia Provincial de Barcelona, caso Pouciño, que quedó parapléjico después de un accidente laboral, donde se rebajó la pena porque la víctima se subió al andamio “voluntariamente”).   

La conducta que condena la sentencia objeto de comentario como constitutiva de delito de coacciones es, sin duda, muy grave: condicionar la maternidad a la permanencia del contrato de trabajo. Algo que, lamentablemente, sucede con cierta frecuencia, más aún al empezar la relación laboral. La función de prevención general que ha de esperarse de la condena penal, reafirma este cambio cultural de los jueces de condenar, incluso con pena privativa de libertad, cuando las vulneraciones de derechos fundamentales que se suscitan en el ámbito laboral se consideran insoportables, rompiendo así estereotipos notablemente arraigados en la Sociedad. El efecto pedagógico de la pena cumple, de esta manera, con finalidades de protección a sectores vulnerables de la Sociedad, como es la mujer trabajadora y su maternidad.  

Laura Zúñiga Rodríguez, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca

Y AHORA EL TEXTO DE LA NOTICIA:  

CÁRCEL POR DESPEDIR A UNA MUJER QUE SIGUIÓ CON SU EMBARAZO  

Yolanda Pablo decidió tener a su hija y se quedó sin empleo. La mujer se vio obligada a elegir entre su puesto de trabajo y la maternidad cuando ejercía como ayudante de cocina en el restaurante Taco Taco de Girona. Una sentencia del Juzgado Penal número 5 de la ciudad considera probado que el responsable del establecimiento, José Luis Rodríguez, “le manifestó que debía interrumpir el embarazo pues de lo contrario no le sería renovado el contrato de trabajo”. La juez le condena a 19 meses de prisión por un delito de coacciones y a pagar 6.000 euros por daños morales.   

Pablo empezó a trabajar en el restaurante en verano de 2005. Enlazó un contrato temporal con otro y, durante los 10 meses que estuvo vinculada a la empresa, entabló una relación sentimental con el cocinero del establecimiento. En febrero se quedó embarazada y en marzo se lo comunicó a Rodríguez. “Me dijeron que no querían una persona embarazada porque daba mala imagen al restaurante”, sostuvo Pablo en el juicio, que se celebró el 22 de enero.   

Rodríguez negó los hechos y alegó mal ambiente y bajo rendimiento para no renovarle el contrato. “El llamado mal ambiente se inicia a partir de que la perjudicada ha sido advertida por el acusado de que debe interrumpir su embarazo si desea continuar con el trabajo”, recoge la sentencia.   

Tareas “impropias”   

La juez acusa además a Rodríguez de obligar a la mujer a desempeñar tareas “del todo impropias para una mujer embarazada”, como cargar las neveras y trasladar cajas pesadas, lo que “revela un clima hostil hacia la trabajadora y una dejación de las funciones como representante de la empresa”.   

La sentencia concluye que “atentar contra la libertad de la mujer en relación a su maternidad y condicionar la continuidad de una relación laboral a su interrupción es rechazado de plano en nuestra sociedad en la que precisamente se trabaja en la dirección de conciliar la vida laboral y la maternidad”.   

El abogado de Rodríguez, Carles Monguilod, ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia de Girona. “Ni los hechos probados se ajustan a la realidad, ni la calificación jurídica se corresponde con el delito que la sentencia recoge”, indicó ayer.   

Noticia publicada en el Diario el País el 2 de abril de 2010   

G. Segal, Cartel sovietico de propaganda: ¡Abajo la esclavitud de la cocina! ¡Que haya una nueva vida en el hogar!

El derecho al trabajo y la protección frente al despido en el Derecho Internacional

 
Diego Rivera, Vendedora de Flores (1949) Museo Español de Arte Contemporáneo

Diego Rivera, Vendedora de Flores (1949) Museo Español de Arte Contemporáneo

Desde el inicio de la andadura de este blog he podido comprobar como muchas de las personas que accedían a él lo hacían a través de la búsqueda de la voz “derecho al trabajo”. Esto es revelador, sin duda alguna, del gran interés que tiene, en un momento de crisis como el actual, el acceso a un puesto de trabajo y su mantenimiento. El derecho al trabajo posee, sin embargo, una trascendencia mucho mayor que la que pueda concederle la actual coyuntura.

La garantía de este derecho guarda una estrecha conexión con la tutela de la dignidad de la persona y el ejercicio de los atributos propios de la ciudadanía.  De allí que las principales declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal hasta los distintos pactos regionales, lo mismo que la mayor parte de las Constituciones de los Estados de nuestro entorno cultural, se ocupen de proclamarlo.

Naturalmente, una vez reconocido el derecho al trabajo al máximo nivel, la discusión se desplaza a la determinación de su contenido.  Ésta es una cuestión respecto de la cual seguramente conviene huir de los extremos. Ni el derecho al trabajo es uno de contenido puramente programático, del que no pueda extraerse consecuencia alguna en el terreno práctico, ni es posible entender que confiere, en el marco de una economía de mercado, el derecho a exigir al Estado un puesto de trabajo. Su garantía se sitúa en un punto intermedio, en el que las pretensiones que ampara son, más bien, las de acceder a un puesto de trabajo sin sufrir ningún tipo de discriminación y de mantenerlo mientras persistan las condiciones que le dieron origen y el sujeto cumpla con los compromisos asumidos.

Lo que ocurre es que, así concebido, el derecho al trabajo asume las características de un auténtico “derecho marco”, que envuelve el contenido global de la relación laboral, no imponiendo a toda costa su pervivencia ni impidiendo de manera absoluta su terminación, pero sí condicionándola a una regla elemental de causalidad, tanto en lo que tiene que ver con su iniciación (limitación de los supuestos de contratación temporal a los casos en los que la necesidad a atender lo sea igualmente), su desarrollo (adopción de medidas que fomenten el mantenimiento de la relación en vez de su extinción ante modificaciones de carácter objetivo o subjetivo) y su terminación (exigencia de causa justa para el despido).

Como tal, se trata de un derecho que asume un papel de la mayor relevancia en la construcción de un discurso laboralista altermativo al que ha dominado en los últimos años, cuyo punto de partida se encuentra precisamente en la consideración del trabajo como un costo y antes que como un derecho.

Los materiales que se colocan a continuación a disposición de los lectores de este blog se relacionan con la garantía internacional del derecho al trabajo. Incluyen los textos de  las principales declaraciones y pactos internacionales que reconocen este derecho, el convenio y la recomentación de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, el informe redactado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre la vigencia de estos instrumentos y sus problemas de aplicación y un interesante artículo en el que el Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú Miguel Canessa Montejo, al que agradezco la amabilidad de permitirme su publicación en este blog, analiza los alcances de la protección frente al despido en el Derecho Internacional.

Confío que esta documentación sea útil para todos aquellos que se encuentran comprometidos en el empeño antes indicado.

Los referidos documentos pueden ser descargados desde los siguientes enlaces:

EL DERECHO AL TRABAJO EN LAS DECLARACIONES Y PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

CONVENIO 158 SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

RECOMENDACIÓN 166 SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN LA APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES:

http://training.itcilo.it/ils/CD_Use_Int_Law_web/Additional/Library/Spanish/ILO_S_B/95frset.htm

TEXTO DE MIGUEL CANESSA MONTEJO, “LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO EN EL DERECHO INTERNACIONAL”

OIT

La rebelión de la doctrina contra la violencia del poder privado

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Una de las características más llamativas de nuestra doctrina es, en opinión de quien esto escribe, su conformismo frente a las decisiones del legislador, por polémicas que éstas puedan ser.

Las opiniones y los comentarios críticos pueden hacerse antes de la aparición de las normas, pero ráramente después. Entonces prima la exégesis y el comentario de las consecuencias prácticas de lo normado, frente a la valoración crítica sobre su contenido.

Ejemplos pueden darse muchos. Entre ellos, los más llamativos son los relacionados con la “deslaboralización” de la actividad de transporte público  y con la previsión de la posibilidad de eliminar la obligación de pago de los salarios de tramitación cuando, realizado el despido, el empresario reconoce su improcedencia poniendo a disposición del trabajador en el juzgado la indemnización correspondiente. Por sorprendente que parezca, en ambos casos, la reflexión doctrinal mayoritaria apuntó, no a poner de relieve el carácter francamente cuestionable del criterio en función del cual se decretaba la expulsión de la laboralidad del colectivo afectado o las sin duda muy negativas consecuencias que la operación legislativa de abaratamiento del despido era capaz de desplegar sobre la exigencia constitucional de causalidad y los derechos fundamentales del trabajador, sino principalmente a debatir sobre como debian ser “correctamente” aplicadas ambas figuras.

Por ello, constituye un acontecimiento singular la aparición de la obra El despido o la violencia del poder privado (Ed. Trotta, 2009), de la que son autores los profesores, además de queridos amigos, Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey.

En esta obra se aborda un viejo tema, como es el del despido, pero desde una perspectiva que, a fuerza de haber sido abandonada por la mayor parte de la doctrina, termina por ser francamente inovadora: el de su consideración como un acto del poder privado que lesiona un derecho fundamental del trabajador, como es el derecho al trabajo, consagrado por el artículo 35 de la Constitución española.

Bajo esta perspectiva, la obra recorre todos y cada uno de los temas clásicos del régimen jurídico del despido, pero adoptando siempre una perspectiva crítica que arroja nuevas luces sobre ellos y fuerza a replantearse viejas soluciones, hasta el momento “bendecidas” por el consenso, o más bien la pasividad, de la doctrina.

Pero, sobre todo, la obra postula una propuesta de reconstrucción del discurso laboralista, crítica y alternativa, que no sólo busca defender posiciones sino ganar espacios en el debate. La postulación de este nuevo discurso, que pudieramos lamar “neogarantista”, constituye, sin lugar a dudas, el aspecto más atractivo de esta interesante obra, cuya lectura recomiendo de la manera más entusiasta a los lectores de este blog.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE LIBRO EN EL BLOG DE ANTONIO BAYLOS PUEDE CONSULTARSE EN EL SIGUIENTE ENLACE:

http://baylos.blogspot.com/2009/04/nuevo-libro-el-despido-o-la-violencia.html

DISPONIBLE EN: http://www.trotta.es/

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Desde Lima: la emergencia de una nueva cultura en materia de cumplimiento de la legislación laboral y el papel del Tribunal Constitucional

 

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En los últimos años ha venido abriéndose paso en el Perú una nueva cultura en materia de cumplimiento de la legislación laboral, muy distinta de la que imperó en la década pasada.

Expresión de ello son cambios normativos de la mayor importancia, como la reforma del sistema de inspección de trabajo o la implantación de la denominada “planilla electrónica”, detrás de los cuales se sitúa una convicción elemental, aunque no por ello menos importante: las normas laborales están para ser cumplidas.

La sensación de impunidad de etapas anteriores, donde la probabilidad de que las infracciones fuesen detectadas y sancionadas era mínima salvo tratándose de grandes empresas, especialmente expuestas al control debido a su notoriedad, ha cedido de este modo el paso a otra muy distinta, en la que los agentes empiezan a plantearse la conveniencia de aplicar correctamente las normas con el fin de evitar las consecuencias negativas que puede acarrearles su incumplimiento.

A este cambio de cultura ha contribuido también, y además de manera muy notable, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.

En efecto, desde el inicio de la presente década la jurisdicción constitucional ha mantenido una actitud receptiva frente a la reivindicación de sus derechos laborales por parte de quienes se han visto afectados por maniobras fraudulentas. Esta actitud se refleja en multitud de resoluciones a través de las cuales la misma se ha inclinado por desvelar la naturaleza laboral de la relaciones sometidas a su conocimiento, en principio calificadas como constitutivas de contratos de locación de servicios, aplicando con tal fin un principio de vieja raiganbre laboralista como es el de “primacía de la realidad”.

Es más, el hecho de que la esta aplicación se haya producido por lo general en supuestos en los que se había procedido al despido del trabajador afectado por el fraude sin mención de causa alguna al tratarse en principio de un vínculo civil y no laboral, ha determinado que el Tribunal Constitucional haya procedido, luego de determinada la existencia de un contrato de trabajo, a atribuir al acto extintivo llevado a cabo sin motivo la calificación de despido incausado, con la consecuente aplicación al mismo de su doctrina sobre los efectos necesariamente restitutorios y no puramente indeminizatorios de esta clase de despidos. 

El resultado ha sido la aplicación en todos los casos de fraude de la garantía de la readmisión en el puesto de trabajo. Una sanción bastante más severa que la que se aplicaría si el empleador hubiese conferido a la relación la calificación que le corresponde y la hubiese extinguido alegando una causa prevista por el ordenamiento, por más que no hubiese estado luego en condiciones de acreditar de modo pleno su aptitud para justificar la resolución del vínculo.

Es obvio que esta doble doctrina tiene un marcado efecto preventivo del fraude en la contratación laboral, en la medida en que anuda al mismo consecuencias bastante más severas que las que se producirían de cumplirse con dar a la relación la calificación que le corresponde. 

A pesar de ello, no son frecuentes los estudios que analicen la jurisprudencia constitucional peruana desde esta perspectiva. De allí que pueda ser de interés la consulta del siguiente texto, estractado de la obra “Derecho Constitucional del Trabajo. Relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, de la que soy autor. 

EL TEXTO REFERIDO PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: WSANGUINETI-JTC-PRIMACIA DE LA REALIDAD

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VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales: “Crisis económica, reestructuración de empresas y Derecho del Trabajo”

El próximo 26 de marzo se celebrarán en la sede de Elche de la Universidad Miguel Hernández las VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, organizadas por un servidor conjuntamente con la Profesora Mercedes Sánchez Castillo. 

El tema elegido en esta ocasion guarda una relación estrecha con la coyuntura que viene viviéndose en España, como lo expresa su título: “Crisis económica, reestructuración de empresas y Derecho del Trabajo”.

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El propósito de esta actividad es reflexionar sobre las relaciones entre Derecho del Trabajo y crisis económica, partiendo de su encuadramiento general (conferencia de Carlos Palomeque), pero descendiendo al análisis de los instrumentos puestos a disposición de las empresas para adaptar a ella su volumen de empleo (conferencia de Angel Blasco Pellicer) y estructura de costes (conferencia de Wilfredo Sanguineti).

Asimismo, se analizarán los mecanismos “alternativos” a los que vienen recurriendo muchas empresas con el fin de reducir sus plantillas sin pasar por los controles previstos por la legislación vigente: la extinción de contratos temporales y el despido improcedente reconocido de forma explícita como tal (confrencia de Jesus Rentero).

El programa concluye con un debate sobre la situación del empleo en la Comunidad Valenciana a cargo de representantes de la Administración autonómica y los agentes sociales de la región.

La asistencia a estas jornadas es gratuita enviando un email a la siguiente dirección: jornadas-dt@hotmail.es

EL PROGRAMA DE ESTA ACTIVIDAD PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:   diptico-jornadas-umh