La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de las empresas multinacionales (Valladolid, 16 de abril de 2021)

Nos encontramos en un momento crucial dentro la evolución de los sistemas de regulación de las relaciones de trabajo.

Este es un momento en el cual, mientras los tradicionales mecanismos nacionales están perdiendo eficacia e intensidad protectora, emergen nuevos instrumentos y fórmulas reguladoras de alcance transnacional, cuya naturaleza y posibilidades, así como los pasos a seguir para su construcción, no están del todo claros.

Existen con todo, algunas certezas, de las cuales podemos partir en nuestra reflexión sobre la construcción de este Derecho Transnacional -o Derecho Global- del Trabajo en ciernes.

En concreto, creo que el actual proceso de construcción de nuevos instrumentos de regulación de las relaciones de trabajo nos permite hablar a estas alturas de tres hallazgos clave.

El primero es la consideración de las cadenas mundiales de producción, no solo como una fuente de asimetrías y de negación de la eficacia de las normas laborales estatales, sino como un espacio apto para la puesta en marcha de procesos globales de regulación, capaces de superar las fronteras nacionales y las barreras marcadas por la personalidad jurídica diferenciada de las empresas.

El segundo está representado por la consideración de las empresas multinacionales que lideran esas cadenas como el actor llamado a poner en marcha esos procesos globales de regulación, debido a la posición de control que ocupan en la organización de la producción y el comercio a escala planetaria,

Mientras que el tercero se relaciona con la atribución a la noción de debida diligencia, lanzada en 2011 por los Principios Rectores sobre las Empresa y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hoy ampliamente aceptada, del papel de “meta principio regulador” a través del cual es posible encauzar el poder privado de esas empresas hacia la conversión dichas cadenas igualmente en cadenas mundiales de control y mejora de las condiciones laborales.

De hecho, todas las demás piezas del modelo de regulación en formación giran en torno a estos tres elementos. Y todos los debates a los que asistimos –y aquellos a los que asistiremos en el futuro– guardan relación con la manera como debe actuarse para conseguir una relación más provechosa entre ellos:

  • Si basta con la tutela reputacional de las empresas y la presión de los consumidores.
  • Si son suficientes las medidas promocionales y la creación de deberes de transparencia o es necesario añadirles deberes de actuación.
  • E incluso si es preciso acompañar a estos últimos una regulación de la responsabilidad de las empresas y de qué tipo.

Unas preguntas fundamentales de cuya respuesta depende, a su vez, la que deba darse a otras tantas cuestiones de gran trascendencia, como el papel que deben cumplir las fuentes tradicionales del Derecho del Trabajo dentro de dicha regulación; el  espacio que corresponde dentro de ella a los instrumentos internacionales, acuerdos de libre comercio incluidos; o incluso la propia definición del rol de la OIT: desde la potenciación de su función promotora y mediadora hasta el empleo de su papel regulador para “declinar” en clave iuslaboralista categorías lanzadas desde el espacio de la tutela de los derechos humanos.

Es evidente, por lo demás, que en un contexto como este la decisión de la Unión Europea de abordar una regulación de la debida diligencia, en cuya base se sitúan esas mismas tres premisas, marca un punto de inflexión de gran potencialidad, a cuyos resultados habrá que estar atentos, dado el potencial multiplicador que posee cualquier regulación de las actividades empresariales en el mayor mercado que hay y su capacidad para favorecer una carrera “al alza”, en vez de “a la baja”, en las fórmulas de garantía de los derechos laborales en las cadenas de valor.

No hay, pues, mejor momento que el actual para debatir sobre estas cuestiones.

Por estas razones me complace especialmente compartir con los amigos de este cuaderno de notas del laboralismo de las dos orillas la grabación de la videoconferencia que, con el título de “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo”, impartí por invitación de mis queridos compañeros de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid el pasado viernes 16 de abril.

A ellos, en la persona de Ana Murcia y Laurentino Dueñas, mi gratitud por tan amable invitación y por permitirme compartir la grabación de este acto con todos ustedes.

La debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos: la propuesta del Parlamento Europeo

Hace casi un año, el 29 de abril de 2020, el Comisario Justicia Didier Reynders anunció la intención de la Comisión Europea de poner en marcha una iniciativa legislativa dirigida a regular las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente exigibles a las empresas en la Unión Europea.

Estas propuesta, que concierne directamente a los derechos laborales en tanto parte del acerbo de los  derechos humanos, ha llegado luego de la constatación del fracaso de la estrategia precedente, basada en la imposición de meros deberes de información a las mismas sobre sus políticas dirigidas a prevenir que sus actividades tengan un impacto negativo sobre esos derechos y el medio ambiente.

De lo que se trata ahora es de transformar el estándar de la debida diligencia, impulsado por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,  en una obligación, que permitirá  exigir a las grandes empresas, y en particular a las de dimensión global, la adopción de todas las medidas que resulten necesarias para evitar que todas las actividades desarrolladas por sí mismas o integradas en sus cadenas de valor ocasionen perjuicios a esos derechos, así como reparar estos, en caso de producirse.

Se sigue así la estela iniciada por la Ley francesa sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y las empresas que ejercen el control, aprobada en 2017, que fue la primera en imponer un deber de tales características, que impone a las grandes empresas la obligación de elaborar y poner en práctica plan de vigilancia que incluya un catálogo articulado de medidas de evaluación y prevención de riesgos y mecanismos de evaluación, control, además de un peculiar supuesto de responsabilidad por los daños que el cumplimiento de dicho deber hubiera permitido evitar. Una norma que fue comentada el 13 de julio de 2019 y que mereció un comentario por mi parte, que aparece adjunto a esa entrada, en Trabajo y Derecho número 55-56

Mientras el proceso de elaboración de la propuesta de la Comisión sigue su curso se ha producido un acontecimiento singular, del que creo importante dar cuenta.

Se trata de la aprobación por el Parlamento Europeo de una resolución que incluye una serie de “Recomendaciones para elaborar una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa”, que este ha acordado dirigir a la Comisión.

El texto es particularmente relevante en la medida en que no se limita a ofrecer un listado de propuestas a tener en cuenta, sino que incluye como anexo una auténtica propuesta de Directiva, en la que se desarrollan de forma detenida todos los extremos de lo que debería incluir la regulación europea sobre la materia.

Son diversos los aspectos a destacar dentro de esta propuesta. Entre ellos solo cito los siguientes, a sabiendas de que son muchos más los que merecen una cuidadosa atención:

a) la inclusión dentro de su ámbito tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas que operan en sectores de alto riesgo, no solo establecidas en el territorio de la Unión sino que operen en el mercado interior;

b) la aplicación de las obligaciones que establece en toda la cadena de valor de esas empresas;

c) la consideración del establecimiento de una estrategia de diligencia debida por parte de las mismas en relación con los efectos adversos potenciales o reales que sus actividades puedan ocasionar a los derechos protegidos como eje del sistema;

d) la previsión de mecanismos de implicación y participación de las partes interesadas, incluidos los representantes de los trabajadores y sindicatos;

e) la introducción de mecanismos de reclamación y procesos de reparación;

f) la previsión de sistemas de sanciones por incumplimiento de estas obligaciones; y

g) la regulación de la responsabilidad civil de las empresas obligadas por los daños que ellas o las empresas bajo su control hayan causado o contribuido a causar.

Todos estos son extremos que requieren un análisis detenido y en algunos casos incluso una valoración crítica, como ocurre con el último de los aludidos extremos.

Aún así, se trata de una propuesta que representa un avance sustancial respecto de cualquier otra que se haya ensayado en el ámbito supranacional, debido tanto a su vocación de dar origen a medidas de carácter obligatorio a ser desarrolladas por los Estados miembros, como por el contenido de la mayor parte de sus propuestas.

Por ello, lo que considero indispensable en este momento es poner a disposición de los siempre atentos amigos de este espacio compartido del laboralismo transnacional el contenido de este importantísimo documento.

El texto de las “Recomendaciones para elaborar una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Documento Parlamento Europeo Directiva Debida Diligencia TA-9-2021-0073_ES