El extraño triunfo de las ideas fallidas

 

Aunque una ligera pero molesta afección ocular me va a impedir por un tiempo mantener la periodicidad semanal de esta bitácora, no me resisto a compartir con quienes la frecuentan el artículo “Cuando los zombies ganan”, publicado por Paul Krugman en el Diario El País el pasado 26 de diciembre.

Creo que a quien se acerque a su lectura le será inevitable trazar un paralelo entre lo que el autor comenta en relación con la Administración Obama y el proceso que estamos experimentando actualmente en España. El sorprendente triunfo de ideas que, por sus nefastos efectos sobre nuestro mercado laboral, creíamos enterradas, de la mano precisamente de quienes debían ser sus sepultureros, ya que así se presentaron ante el conjunto de la sociedad, me trae a la memoria una frase del célebre Groucho Marx, que parece condensar la actitud que están manteniendo en la última etapa frente a los poderes económicos: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”.

A CONTINUACIÓN EL ARTÍCULO DE PAUL KRUGMAN:

Cuando los zombis ganan

PAUL KRUGMAN

Cuando los historiadores contemplen retrospectivamente el bienio de 2008 a 2010, creo que lo que más les desconcertará será el extraño triunfo de las ideas fallidas. Los fundamentalistas del libre mercado se han equivocado en todo, pero ahora dominan la escena política más aplastantemente que nunca.

¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo es que, después de que los bancos descontrolados llevaran la economía al borde del desastre, hemos terminado con Ron Paul, que dice que “no cree que necesitemos reguladores”, a punto de asumir el mando de una comisión clave de la Cámara de Representantes que supervisa a la Reserva Federal? ¿Cómo es que, después de las experiencias de los Gobiernos de Clinton y Bush (el primero subió los impuestos y presidió durante un periodo de crecimiento espectacular del empleo; el segundo bajó los impuestos y presidió durante una época de un crecimiento flojísimo incluso antes de la crisis), hemos terminado con un acuerdo bipartidista para adoptar aún más recortes de impuestos?

La respuesta que da la derecha es que los fracasos económicos de la Administración de Obama demuestran que las políticas de un Estado grande no funcionan. Pero la respuesta debería ser: ¿qué políticas de Estado grande?

Porque el hecho es que el estímulo económico de Obama -que en sí mismo supuso casi un 40% de recortes fiscales- fue demasiado prudente para cambiar el rumbo de la economía. Y esto no es juzgar a posteriori: muchos economistas, entre ellos un servidor, advertimos desde el principio de que el plan se quedaba muy corto. En otras palabras: una política en virtud de la cual el empleo público realmente se redujo, por la que el gasto gubernamental en bienes y servicios creció más despacio que durante los años de Bush, difícilmente puede constituir una prueba del funcionamiento de la economía keynesiana.

Ahora bien, puede que el presidente Obama no pudiera conseguir más teniendo en cuenta el escepticismo del Congreso respecto al Estado. Pero aunque eso fuera cierto, solo demuestra el control permanente que tiene una doctrina fallida sobre nuestra política.

También merece la pena señalar que todo lo que la derecha dijo sobre por qué la política económica de Obama fracasaría era erróneo. Durante dos años, nos han advertido de que los préstamos gubernamentales dispararían los tipos de interés; en realidad, los tipos han fluctuado en función del optimismo o el pesimismo respecto a la recuperación, pero se han mantenido sistemáticamente bajos según criterios históricos. Durante dos años, nos han advertido de que la inflación, incluso la hiperinflación, estaba a la vuelta de la esquina; en vez de eso, la desinflación ha continuado, y la inflación básica -de la que están excluidos los precios inestables de los alimentos y la energía- se encuentra ahora en su nivel más bajo en 50 años.

Los fundamentalistas del libre mercado se han equivocado sobre los acontecimientos del extranjero tanto como sobre los de Estados Unidos (y han sufrido unas consecuencias igual de escasas). “Irlanda”, afirmaba George Osborne en 2006, “constituye un magnífico ejemplo del arte de lo posible en la elaboración de políticas económicas a largo plazo”. ¡Ja! Pero Osborne es ahora el responsable de la economía de Reino Unido.

Y en su nuevo cargo se ha propuesto emular las políticas de austeridad que Irlanda puso en práctica después de que su burbuja estallase. Después de todo, los conservadores de ambos lados del Atlántico se han pasado buena parte del último año aclamando la austeridad irlandesa como un éxito rotundo. “El enfoque irlandés funcionó entre 1987 y 1989; y está funcionando ahora”, declaraba el pasado junio Alan Reynolds, del Instituto Cato. ¡Ja!, otra vez.

Pero esos fracasos no parecen tener importancia. Tomando prestado el título de un libro reciente del economista australiano John Quiggin sobre esas doctrinas que no deberían haber sobrevivido a la crisis pero que lo han hecho, seguimos -quizás más que nunca- gobernados por una “doctrina económica zombi”. ¿Por qué?

Seguramente, parte de la respuesta resida en que la gente que debería haber tratado de dar muerte a las ideas zombis ha intentado transigir con ellas en vez de matarlas. Y esto es especialmente cierto en el caso del presidente, aunque no sea el único.

La gente tiende a olvidar que Ronald Reagan solía dar su brazo a torcer en materia poítica (lo más curioso es que terminó aprobando varias subidas de impuestos), pero nunca titubeaba sobre las ideas, nunca daba marcha atrás respecto a la postura de que su ideología era acertada y de que sus adversarios estaban equivocados.

En cambio, el presidente Obama ha tratado sistemáticamente de acercar posturas dando pábulo a mitos de derechas. Ha elogiado a Reagan por restaurar el dinamismo estadounidense (¿cuándo fue la última vez que oyeron a un republicano elogiando a Roosevelt?), ha adoptado la retórica del Partido Republicano sobre la necesidad de que el Gobierno federal se apriete el cinturón aun en una época de recesión, y ha ofrecido congelaciones simbólicas del gasto y los salarios federales.

Nada de esto ha impedido que la derecha lo tache de socialista. Pero ha contribuido a dar alas a las ideas malas, de maneras que pueden causar un daño bastante inmediato. Ahora mismo, Obama está aclamando el pacto de los recortes de impuestos como un impulso para la economía, pero los republicanos ya están hablando de recortes del gasto que contrarrestarían cualquier posible efecto positivo del acuerdo. ¿Y cómo puede oponerse convincentemente a esas exigencias, cuando él mismo ha adoptado la retórica de apretarse el cinturón?

Sí, la política es el arte de lo posible. Todos comprendemos la necesidad de negociar con nuestros enemigos políticos. Pero una cosa es alcanzar acuerdos para acercarnos a nuestros objetivos, y otra es abrirles la puerta a las ideas zombis. Cuando uno hace eso, los zombis acaban comiéndose su cerebro y, muy posiblemente, también su economía.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía en 2008. © New York Times News Service. Traducción de News Clips.

Publicado por el Diario El País el 26/12/2010

Extraido de:

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/zombis/ganan/elpepueconeg/20101226elpneglse_4/Tes

Sobre la viñeta de Forges, la huelga general y la reforma laboral

Goya, Saturno devorando a sus hijos, 1819-1823

 

(a modo de una declaración de principios)   

No es ésta una columna de opinión sino un espacio para la reflexión. Ni compete a quien esto escribe hacer  balance de la reciente huelga general o extraer las consecuencias políticas que de este acontecimiento se desprenden. Nada más extraño al propósito de esta bitácora o al empeño profesional de su autor, por más que éste, opinión sobre ambas cosas claro que tiene.   

Lo que me gustaría más bien, ahora que la secuencia reforma laboral-huelga general parece haber encontrado al menos un punto y seguido, es llamar la atención sobre el inmenso e innecesario desgaste que, reforma laboral tras reforma laboral (por algo Carlos Palomeque prefiere hablar de “la reforma laboral permanente”), viene ocasionándose a nuestras instituciones laborales, tanto jurídicas como sociales.   

Reforma tras reforma se van horadando las bases mismas de nuestro modelo democrático de relaciones laborales, introduciendo precariedad donde antes había estabilidad, arbitrariedad donde antes había causalidad, socavando además de tal manera las bases que permiten el ejercicio de los derechos de organización y actuación colectiva de los trabajadores, sin que esta política conduzca a resultados tangibles, ni en materia de creación de empleo, ni en términos de mejora de la eficiencia y productividad de nuestras empresas. Antes bien, puede incluso sostenerse lo contrario: a más precariedad y más arbitrariedad, más desempleo, más ineficiencia y menos productividad. No es de extrañar, por ello, que un humorista tan atento a los guiños de la realidad como Forges haya dibujado ese proceso como uno de creciente “canibalización” de la persona misma del trabajador.   

Nada de ello parece, sin embargo, que importe. Y, de hecho, creo que es así. No importa, ya que de lo que se trata, en verdad, no es tanto de crear instrumentos de gestión flexible del capital humano que permitan a los empresarios adaptarse a los cambios que se produzcan en un entorno cada vez más cambiante y competitivo, una opción que no tiene por qué ser considerada incompatible con la protección de los trabajadores, que solamente tiene sentido y viabilidad si es capaz también de adecuarse a dichas situaciones, sino de ofrecer al sector empresarial ventajas adicionales a las que ya venía disfrutando, con la “esperanza” de que ello incremente su “predisposición psicológica” a crear empleo o remueva sus reticencias a hacerlo. Y de paso, claro, al menos en esta ocasión, satisfacer la demanda de ajuste exigida por los acreedores de nuestra deuda. De allí el énfasis, en esta reforma y en las anteriores, más allá de la retórica contraria a la “dualidad” de nuestro mercado de trabajo, en el incremento de los poderes unilaterales vinculados a la extinción del contrato de trabajo y la reducción del coste de ésta.   

Pensar de tal manera es no comprender que, más allá del discurso interesado que busca “sacar tajada” de la crisis, los empresarios son sujetos económicos, cuyas decisiones de creación o no de puestos de trabajo dependen de sus expectativas de obtención de beneficios y no de otro tipo de factores. De allí que el marco legal precedente, a pesar de sus presuntas deficiencias, haya permitido la más vigorosa creación de empleo que se recuerde en este país. A la vez, claro, de haber hecho posible su mayor desplome.   

Por ello, y no por cualquier otra razón, es que creo que el rumbo debe ser enmendado. La desprotección de los trabajadores, la precariedad y la arbitrariedad no sólo no sirven para crear empleo sino que fomentan fórmulas y estilos de gestión empresarial ineficientes, ya que quitan a los empresarios todo incentivo para la mejora de los procesos productivos y el incremento de su eficiencia y productividad, haciéndolos depender de los bajos salarios y las formas precarias de contratación para competir (E. Cano). Además de desalentar el esfuerzo laboral y formativo de los trabajadores y no estimular su compromiso con los objetivos empresariales, claro está.   

La protección laboral, en cambio, si es administrada de forma adecuada, no solamente no es incompatible con la eficiencia y la competitividad empresarial, sino que la promueve. Antes que nada, porque favorece que el esfuerzo competitivo de los empresarios se oriente, descartando otras opciones más fáciles de implementar a corto plazo, precisamente, hacia la mejora de los sistemas de producción y el desarrollo de su eficiencia y productividad. Todo lo contario que el modelo anterior. Pero también porque fomenta el compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales y promueve el desarrollo de sus aptitudes y capacidades.   

Reformar las instituciones jurídico-laborales con el fin de adaptarlas a las necesidades de un entorno cada vez más cambiante y competitivo es, sin lugar a dudas, una necesidad. Hacerlo incrementando el poder de decisión unilateral de los empresarios y negándose a hacer frente a la precariedad, tiene todos los visos de ser más bien una necedad. 

En consecuencia, los derechos laborales, y en especial los de carácter fundamental, no sólo son relevantes porque sintetizan el valor de la persona y su prioridad sobre cualquier institución o medio (M. J. Añón) y porque constituyen un componente indispensable para el funcionamiento democrático y equilibrado de nuestras sociedades. Además, son un elemento necesario de cualquier estrategia empresarial de largo aliento, la cual solamente resulta viable si se asienta sobre la potenciación del valor factor trabajo en vez de en su degradación. Dicho en pocas palabras, los derechos laborales no pueden ser opuestos al desarrollo, ya que son parte esencial de éste (A. Sen). 

Defender estas ideas ha sido hasta el momento el motivo que me ha impulsado a dar vida semana tras semana a esta bitácora. Y seguirá siéndolo en el futuro. Con reforma laboral o sin ella.

El último acto de la reforma laboral de 2010: la Ley 35/2010, de 17 de septiembre

  

Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi, 1895

 

La aprobación de la Ley 35/2010, fruto de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 10/2010, no ha introducido ninguna variación de particular relieve en la orientación de conjunto de la norma que le dio origen. Todo lo dicho en esta bitácora sobre la versión inicial de la reforma laboral de 2010 (vease las entradas de 19 y 26 de junio, 3 y 10 de julio y 11 de septiembre) es, por tanto, aplicable casi sin matices a ésta, su versión definitiva.       

De todas formas, más allá de la infinidad de añadidos, correcciones, matices que el nuevo texto introduce en su precedente sin llegar a alterar el espíritu que lo anima, cuyo relato sería larguísimo de realizar aquí, existen tres cuestiones en relación con las cuales la Ley 35/2010 incluye novedades de importancia, dirigidas a profundizar líneas de intervención y orientaciones apuntadas ya por el Real Decreto-Ley 10/2010. Dado su interés, me parece que vale la pena que nos detengamos en ponerlos de manifiesto.       

Estos cambios afectan a las siguientes materias:       

1. La definición de las causas de despido por razones económicas       

En un intento de favorecer la operatividad de los despidos por razones económicas, la Ley no se conforma con indicar que estos proceden “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa”, como hacía su antecedente, sino que nos ofrece ejemplos de hipótesis en las que es posible entender que ésta existe efectivamente. A estos efectos, el nuevo texto del artículo 51.1 ET señala que la misma podrá entenderse existente “en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente (del) nivel de ingresos” de la empresa.       

La sola presencia de este tipo de situaciones, sin embargo, no determina la procedencia de las extinciones, como se ha insinuado en el debate periodístico sobre la reforma. Hay que tener presente que la propia norma exige a continuación que los indicados estados sean de una magnitud tal que estén en condiciones de “afectar a (la) viabilidad (de la empresa) o a su capacidad de mantener el empleo”. Es decir, postula la necesidad de un nexo de causalidad entre la situación alegada y su gravedad, de un lado, y la necesidad de reducir el volumen de empleo existente en la empresa. Es más, precisamente con este fin, el precepto añade que el empresario que pretenda recurrir a un despido de estas características no sólo deberá probar “los resultados alegados”, sino “justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva”. A estos efectos, la Ley suprime la extravagante referencia inicialmente introducida por el Decreto al carácter “mínimo” de la razonabilidad de las extinciones, aunque vincula la misma a su utilidad “para preservar o favorecer (la) posición competitiva (de la empresa) en el mercado”.       

Lo anterior determina una conformación del precepto sin duda más atenta a las necesidades empresariales, pero que -afortunadamente- no vacía el carácter causal de la institución. Y es que, incluso la tan criticada alusión a las pérdidas “previstas” debe ser cohonestada con las demás claves del precepto, no bastando por tanto su mera alegación si no va acompañada de la demostración de que de las mismas están en condiciones de afectar a la viabilidad de la empresa o el empleo dentro de ella, y de que las extinciones son una medida razonable desde el punto de vista empresarial para hacerles frente.        

2. La universalización del contrato para el fomento de la contratación por tiempo indefinido       

La pretensión de extender el ámbito de aplicación del contrato para el fomento de la contratación por tiempo indefinido es llevada a su máxima expresión por el artículo 3 de la Ley, que modificando la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001 incluye entre la lista de colectivos con los que el mismo podrá concertarse a los “parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo”. Naturalmente, a la luz de esta indicación, que reduce a uno los tres meses previstos inicialmente por el Decreto, pierde buena parte de su sentido el esfuerzo del propio precepto de definir los demás colectivos a los que puede ser aplicada la figura, ya que ésta se vuelve de aplicación prácticamente universal tratándose de trabajadores de nueva contratación.       

Esta extensión resulta trascendente en la medida en que conlleva, a su vez, la práctica universalización de las modificaciones introducidas en el régimen jurídico de los despidos por razones objetivas tratándose de estos contratos, todas encaminadas a reducir de forma drástica su coste (e incluso a poner en cuestión de manera encubierta su carácter causal), a las que tuve la ocasión de referirme en la entrada el pasado 11 de septiembre. Unas medidas que vienen acompañadas, además, de la traslación a este ámbito del denominado “despido exprés” (despido reconocido como improcedente por el empresario).        

Esta operación tiene como consecuencia un claro debilitamiento de la operatividad de las garantías frente al despido, cuya aplicación está en condiciones de verse reducida de forma drástica en el futuro.       

3. El reforzamiento de la “disponibilidad colectiva” de los convenios sectoriales a nivel empresarial       

La intención de promover una mayor adaptabilidad del contenido de los convenios de sector a las necesidades de las empresas sometidas a su ámbito de aplicación condujo al Decreto a modificar los artículos 41 (modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de naturaleza colectiva) y 82 (“descuelgue” salarial) ET con el fin de reforzar la posibilidad de que los mismos puedan no ser aplicados a nivel de empresa cuando la situación de ésta así lo requiera y exista acuerdo entre la misma y los representantes de su personal. En el caso de los “descuelgues” salariales, ello se hizo suprimiendo la capacidad del convenio de sector para establecer de forma preceptiva las condiciones en las que el mismo podría tener lugar a nivel de empresa. Y en el de las modificaciones sustanciales tratando de aligerar al máximo la necesidad de causa para proceder a la inaplicación pactada de los contenidos del convenio superior, indicándose a tal efecto que “se entenderá que concurren las causas justificativas” exigidas por el artículo 41.1 ET cuando exista acuerdo entre la empresa y los representantes del personal.       

¿Qué cambios introduce ahora la Ley”. Son dos, y además muy relevantes. El primero busca desterrar cualquier duda en torno a la falta de necesidad de causa para proceder a la inaplicación de los convenios colectivos en estos casos. A estos efectos, el nuevo texto del artículo 41.6 ET añade a la indicación de que “cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificantes” exigidas, la expresa aclaración de que dicho acuerdo “sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”. A este cambio se suma la traslación de esta regla a los “descuelgues” salariales, para los cuales no estaba prevista, mediante una modificación de muy similar tenor literal en el texto del artículo 82.3 ET.       

El resultado de esta doble modificación es una total “dispositivización”, bien que a nivel colectivo y no individual, de los contenidos de los convenios colectivos de sector. Si bien estos formalmente siguen siendo vinculantes para todos los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación, su aplicación efectiva en un espacio concreto depende en última instancia de la voluntad de los mismos de someterse a ella, toda vez que, siempre que lo deseen, pueden apartarse de la disciplina convencional que los vincula llegando a un acuerdo colectivo en tal sentido.        

En un país con la estructura productiva de España, marcada por la absoluta preponderancia de las unidades productivas de pequeña o muy pequeña dimensión, en las que los órganos de representación no existen o carecen de experiencia o poder negociador, no es difícil presagiar el tipo de “descuelgues” a los que esta opción es capaz de dar lugar, máxime cuando la propia norma abre, en ambos casos, la posibilidad de que, en ausencia de representantes de los trabajadores, puedan estos proceder a elegir entre sí a los que se encargarán de negociar estas medidas.       

El texto de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la Reforma del mercado de trabajo, puede ser descargado desde el siguiente enlace:       

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf      

ADDENDA:

Se adjunta a esta entrada el artículo titulado “Coherencia política y huelga general”, publicado el día de ayer 26 de septiembre por Fernando Valdés dal Ré en el diario El País. Este artículo puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Coherencia/politica/huelga/general/elpepueconeg/20100926elpneglse_9/Tes   

ADDENDA II:  

Se adjunta a esta entrada el post “Elogio de la huelga general”, publicado por Antonio Baylos el día de ayer 28 de septiembre en su Blog personal:  

http://baylos.blogspot.com/2010/09/elogio-de-la-huelga-general.html  

La reforma laboral y el coste del despido: ¿tiene sentido premiar la arbitrariedad?

 

Bernhard Heising, Cristo se negó a obedecer, 1986-1988

 

A propósito de la sustancial reducción del coste del despido objetivo improcedente introducida por la Reforma Laboral     

Los que vienen son días previos a la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre, en los que los que las opiniones a favor y en contra de la ésta dominarán sin duda el escenario público. Un contexto como éste es poco propicio para la discusión sosegada y el intercambio sereno de puntos de vista. La coyuntura se presta, más bien, para otro tipo de debate, en el que priman las valoraciones de conjunto y los matices y cuestiones de detalle pierden relevancia.  Los matices y las cuestiones de detalle son, sin embargo, siempre importantes. Y en este caso resultan además -al menos en opinión de quien esto escribe- decisivos para realizar un juicio crítico sobre el paquete de  medidas de reforma adoptado.     

Si tuviese que elegir aquel aspecto de la reciente reforma laboral que merece una valoración más negativa, me quedaría sin dudarlo con la sustancial reducción de los costes del despido improcedente que a través de ella se ha llevado a cabo. En los pasados días llegó a mis manos un texto de José María Zufiaur sobre este tema titulado “El abaratamiento del coste del despido”, en el que se ilustraban los efectos de esta medida a través de un cuadro que comparaba las cantidades que el empresario debía desembolsar en este supuesto antes del año 1994 y después de la Reforma Laboral de 2010. Simplificado y adaptado a lo que aquí quiero poner de manifiesto, el aludido cuadro puede ser presentado del siguiente modo:              

Evolución del coste del despido objetivo improcedente (CFCTI)  

   Indem.  FOGASA  Preaviso  S. T.  Total 
Antes  45  30  60  135 
1997  33  30  60  123 
2010  33  15  40 

Como puede apreciarse, el coste del despido improcedente se ha reducido, respecto de los “contratos para el fomento de la contratación por tiempo indefinido”, cuya generalización propicia de manera decidida la Reforma de 2010, de manera más que significativa. Así, si tenemos en cuesta el coste de la extinción de un contrato de trabajo de un año de duración, la reducción es de nada menos que el 70 %, si se lo compara con los desembolsos que puede suponer la extinción no causal de un contrato indefinido ordinario (el coste, medido en días de salario, pasa de 135 a solamente 40).  Y del 67.7 %, de compararlo con lo que el empresario ha de pagar por extinguir de manera improcedente un contrato indefinido de la modalidad incentivada (40 días de salario en vez de 123).       

Aunque estos porcentajes decrecen conforme aumenta la antigüedad del trabajador, ya que algunos de los elementos a tener en cuenta en el cálculo (como el preaviso o los salarios de tramitación) no dependen ella, la diferencia resulta siempre muy relevante. Así, el “ahorro” de extinguir un contrato de este tipo cuando el trabajador acumula una antigüedad de cinco años es nada menos que del 40 % (de 255 a 140 días, siempre dentro de la modalidad incentivada), llegando a ser de todas formas del 31.1 % (de 783 a 540 días) tratándose de trabajadores que posean la antigüedad en la que se alcanza la indemnización máxima.         

No creo que valga la pena explicar con detalle cómo opera esta reducción. Baste con señalar que es el resultado de la acumulación de cuatro medidas distintas: a) la ampliación del espacio del “contrato para el fomento de la contratación por tiempo indefinido”, con la consecuente extensión de su menor coste indemnizatorio por año trabajado en los casos de despido objetivo improcedente (33 días por año en vez de 45); b) la aplicación a esta clase de despidos de la asunción por Fondo de Garantía Salarial del abono de una parte de la indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicios; c) la reducción de 30 a 15 días del periodo de preaviso que debe concederse al trabajador en estos casos; d) la decisión de aplicar a estos supuestos la posibilidad de que el empresario impida el devengo de los salarios de tramitación mediante el reconocimiento de su improcedencia (despido exprés).           

La acumulación de semejante batería de medidas, todas ellas apuntando en la misma dirección, no creo que se deba a la casualidad. Antes bien, no me cabe duda de que responde a orientaciones claras de política del Derecho. ¿Cuáles pueden ser éstas? Mal que pese a los autores de reforma, creo que las mismas se deducen con total y absoluta transparencia del contenido de las decisiones que han sido descritas: el reforzamiento del poder de decisión unilateral del empresario en el gobierno de la relación de trabajo. O, dicho con aún más claridad: la legitimación de la arbitrariedad como forma de relación entre trabajadores y empresarios    

Es decir, en un aspecto tan decisivo para el conjunto de la dinámica de la relación laboral como es el relativo a su extinción, el legislador no solamente no promueve un uso responsable y serio de la potestad de despedir, sino que facilita su uso inmotivado y arbitrario, al “premiar” a aquellos empresarios que decidan extinguir al margen de todo motivo los contratos por tiempo indefinido de su personal con una sustancial reducción de los costes de tal decisión. Es más, puede decirse incluso que lo promueve, ya que la reducción alcanza su mayor extensión si el empresario recurre de manera deliberadamente falsa a las causas previstas por la ley y luego lo reconoce.         

¿Son estas medidas necesarias para una recuperación de nuestro mercado de trabajo? ¿Contribuirán a crear empleo? ¿Servirán para que en el futuro no experimentemos situaciones de drástica caída del empleo en situaciones de contracción económica como las que acabamos de atravesar? ¿Servirán para avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo productivo que supere las deficiencias del que nos condujo a la situación en la que nos encontramos? Quienes hayan tenido la paciencia de leer hasta aquí pueden deducir cuál es mi respuesta a tan decisivas preguntas.            

El artículo de José María Zufiaur “El abaratamiento del coste del despido” puede ser descargado desde el siguiente enlace:    

http://www.nuevatribuna.es/noticia/39275/OPINI%C3%93N/abaratamiento-coste-despido.html 

¿Se puede combatir el uso injustificado de los contratos temporales sin reforzar su carácter causal?

   

Gustave Courbet, Los picapedreros, 1849

 

En los últimos años se viene imponiendo un enfoque singular de la orientación de las medidas de política social. De acuerdo con éste, la forma de hacer frente a las situaciones de injusticia o desigualdad no es intentando remover las causas que se encuentran en su base, sino creando “ventajas” o “privilegios” en favor de quienes las padecen, que les compensen “desde fuera” su estado.  

La manera como la reciente reforma laboral española aborda el objetivo de “restringir el uso injustificado de la contratación temporal”, que campa a sus anchas en este país sin que ni la inspección de trabajo ni los tribunales laborales sean capaces de ponerle límites, constituye un buen ejemplo de ello.  

Siendo el recién indicado, en opinión del propio legislador, uno de los problemas nucleares del modelo de relaciones laborales actualmente vigente en España, era de esperar que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo aprobado el pasado 16 de junio contuviese orientaciones claras que permitiesen encauzar el empleo de los contratos de duración determinada hacia la atención de necesidades temporales en vez de permanentes de las empresas y ofreciesen, a la vez, criterios capaces de aportar certeza a la valoración judicial del recurso a los mismos.  

¿Qué es lo que ha hecho el legislador?  

Por sorprendente que parezca, ha renunciado a introducir elementos de juicio que favorezcan un uso más equilibrado y razonable de estos contratos, dejando intactas las definiciones de las causas que permiten recurso a los mismos (artículo 15, apartados a y b principalmente, del Estatuto de los Trabajadores), pese a que éstas, tal y como están redactadas, no parecen imponer ningún límite efectivo a su uso injustificado.  

Por el contrario, ha decidido ofrecer ciertas “ventajas” indirectas a quienes con contratados por esta vía y, por tanto, corren el riesgo de verse afectados por el fraude en su celebración. Estas ventajas son tres: a) fijación de un plazo máximo de duración para el contrato para obra o servicio determinado (tres años, ampliables hasta en doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o, en su defecto, inferior); b) extensión de la regla que limita a veinticuatro meses el encadenamiento de contratos temporales a los supuestos en los que el trabajador ocupe distintos puestos de trabajo -y no sólo el mismo- en una misma empresa; y c) elevación progresiva (a lo largo de nada menos que cinco años y medio) de la indemnización por extinción de los contratos temporales para obra o servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción (doce días por año de servicios, en vez de los ocho actuales).  

Como salta a la vista, las tres son medidas que no atacan el problema del uso masivo de la contratación temporal sin causa  desde su raíz. Si acaso, lo que pretenden es hacerlo de manera oblicua. Lo más grave de todo, sin embargo, no es sólo que se haya perdido una oportunidad más para “causalizar” el empleo de estos contratos. Al no venir acompañadas de un refuerzo de este elemento, las medidas en cuestión están en condiciones de desplegar precisamente el efecto contrario al que se supone que se ha pretendido con su implantación. Es decir, servir para facilitar el uso injustificado de los contratos de duración determinada en vez de dificultarlo.  

Este es el caso de la fijación de un plazo máximo para contrato para obra o servicio determinado. Además de no corresponderse con su naturaleza, el establecimiento de este límite temporal es capaz de ofrecer una apariencia inicial de legitimidad a todos aquellos contratos que se celebren por una duración inferior o que no lo superen. Máxime cuando no se clarifican los supuestos en los que procede recurrir a esta modalidad y se establece un arco temporal tan dilatado como el que aparece en la norma, asignándose además a la negociación colectiva el dudoso papel, no de imponer límites a su aplicación, sino de alargarlo aún más. No parece, pues, que la indicación de que estos contratos pueden llegar a durar hasta cuatro años refuerce su carácter causal. Más bien, el mensaje que se transmite de manera implícita es el contrario.  

Algo parecido puede decirse sobre la ampliación de los límites al encadenamiento de contratos temporales a los supuestos en los que el trabajador haya ocupado puestos de trabajo diferentes. La medida no es baladí, desde luego, pero sin el complemento de un refuerzo de la causalidad de los contratos cuyo encadenamiento se limita, tiene la virtualidad de transformar lo que debería ser un control de fondo sobre la existencia o no de un motivo válido para la contratación temporal en una cuestión de puro cálculo temporal, aportando además, al igual que en el caso anterior, un barniz inicial de legitimidad a los supuestos de encadenamiento de contratos de inferior duración. Todo ello sin tener presente que impide la celebración de sucesivos contratos de duración determinada por duraciones superiores incluso cuando las necesidades sean, de forma efectiva y demostrable, de naturaleza temporal.  

Incluso la (diferida en más de cinco años) elevación de la indemnización por finalización de estos contratos a doce días puede ser pasible de una crítica en el mismo sentido, ya que contribuye a “normalizar” el uso de estos contratos e incluso a dotarlos igualmente de una falsa apariencia de validez mientras se cumpla con el abono de la “penalidad” a la que se anuda su uso, sea éste justificado o no. Es más, desde esta perspectiva, habría incluso razones para entender que, si la causa de contratación es verdaderamente temporal, no existirían en realidad motivos para imponer el abono de una indemnización. Como de hecho no la hay, por ejemplo, tratándose de los contratos de interinidad. Establecerla sin reforzar su causalidad no sirve sino para transmitir, una vez más, un mensaje contradictorio.  

En consecuencia, no es seguro que estableciendo plazos máximos, por lo demás poco operativos, o indemnizaciones no necesariamente avaladas por la naturaleza de las cosas se consiga frenar la tendencia del empresariado español a tratar de solventar sus problemas de competitividad recurriendo a formas precarias de contratación que refuerzan su poder y permiten una reducción abusiva de los costos laborales. Antes bien, el riesgo es provocar el efecto contrario. En realidad, el único camino para ello, dentro de nuestro actual marco institucional, es reforzar el carácter causal de estos contratos, de forma que ofrezcan opciones válidas para la atención de las necesidades temporales de fuerza de trabajo de las empresas, pero sin dejar márgenes tan amplios como ocurre en la actualidad para su uso injustificado.  

La exigencia de claridad, certeza y rigor no sólo debe predicarse de la definición de las causas de despido, como viene reclamando el sector empresarial, sino de las de celebración de estos contratos. El buen funcionamiento de nuestro sistema de relaciones laborales así lo reclama.  

¿Serán los grupos políticos, ahora que la reforma se encuentra en proceso de discusión parlamentaria, conscientes de esta necesidad?

El contradictorio mensaje de una reforma insuficiente

Edvard Munch, Trabajadores retornando a casa

Lo que hace difícilmente asumible la reforma laboral aprobada en España el pasado miércoles 16 de junio a través del Real Decreto-Ley 10/2010 no es el diagnóstico que la inspira ni los objetivos que se propone, sino la falta de coherencia entre ambos y las medidas que se ha optado por introducir. 

El punto de partida de la construcción del Decreto está constituido por el entendimiento de que la gran incidencia que ha tenido en España la contracción de la actividad productiva sobre el empleo encuentra buena parte de su explicación en deficiencias del modelo de relaciones laborales imperante. En particular, en el “significativo peso” que dentro del mismo tienen “los trabajadores con contrato temporal” y en el “escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas”. Ambos factores habrían contribuido a que el ajuste a las condiciones del ciclo económico se produjese, a despecho de otras opciones menos traumáticas, casi exclusivamente mediante la destrucción de puestos de trabajo. Nada menos que dos millones y medio en dos años. 

Es posible debatir sobre si el sistema legal es responsable de esta situación o en la base de ella se sitúa más bien la inclinación de los agentes económicos a hacer frente a su falta de competitividad a través de técnicas de gestión de los recursos humanos que favorecen el abaratamiento abusivo de los costes del trabajo. Lo que, en todo caso, no parece que pueda discutirse, al menos a partir de tal diagnóstico, es la conveniencia de adoptar medidas dirigidas a combatir la marcada preferencia del empresariado por la flexibilidad externa (contratos temporales y despido) frente a la interna (cambios en la jornada y las condiciones de trabajo) y su predilección por las formas de extinción no causal (no renovación de contratos temporales y despido disciplinario reconocido como improcedente) frente a las causales (despidos por razones empresariales). De hecho, es esto lo que se propone la reforma. Sus objetivos esenciales  son, en palabras de la exposición de motivos del Decreto, “corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, promoviendo la estabilidad en el empleo” e “incrementar la flexibilidad interna de las empresas”. 

Las medidas introducidas, sin embargo, no sólo no son coherentes con estos objetivos sino que terminan por trasmitir un mensaje contradictorio con ellas.  

La “reducción de la dualidad de nuestro mercado laboral” exige, como el propio legislador admite, medidas de dos tipos. Unas encaminadas a “restringir el uso injustificado de la contratación temporal” y otras a “favorecer una utilización más intensa de la contratación indefinida”. Pues bien, a poco que se revise el contenido de la norma se advertirá el marcado desbalance entre ambas. 

Lo único que se hace a los efectos de limitar el empleo abusivo de los contratos a término es introducir un plazo máximo llamativamente extenso (nada menos que tres años, extensibles por convenio sectorial a cuatro) para los contratos temporales para obra o servicio determinado. Una medida que parece dirigida, más que a imponer límites a su empleo a legitimar todas las contrataciones que no los superen. Fuera se quedan, así, otras actuaciones seguramente recomendables, como la de reforzar el carácter causal de este contrato, vinculándolo a necesidades derivadas de un ciclo productivo no regular, o la de restringir su utilización en los supuestos de externalización de actividades permanentes. Por no hablar de la necesidad de causalizar también el empleo de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y asignarles un plazo máximo acorde con su naturaleza. 

Esta llamativa insuficiencia contrasta con la gran atención puesta en el segundo de tales objetivos. Las medidas adoptadas, sin embargo, se dirigen en su totalidad a favorecer el empleo de los contratos de duración determinada a través del contradictorio método de facilitar y abaratar su extinción. Y en especial su extinción no justificada. El legislador asume aquí el discurso empresarial según el cual la razón de los males del mercado de trabajo español se encuentra en los elevados costos del despido. Y, en función de ello, dirige su atención a reducirlos hasta por cuatro vías. A saber: a) aligerando al limite de lo posible las exigencias causales de los despidos procedentes por motivos relacionados con el funcionamiento de la empresa, sujetos a un costo indemnizatorio inferior (veinte días por año de trabajo en lugar de cuarenta y cinco), mediante la exigencia de la sola demostración de una “razonabilidad mínima” de la decisión extintiva; b) extendiendo hasta su casi universalización (sólo quedan fuera las personas mayores de treinta y menores de cuarenta y cinco años que lleven inscritos como desempleados menos de tres meses o no hayan trabajado en los dos años previos) del contrato de fomento de la contratación indefinida, sujeto también a un costo indemnizatorio inferior en caso de despido improcedente (treinta y tres días por año de servicio en vez de cuarenta y cinco); c) ampliando la figura del despido exprés, que permite reducir el pago de los salarios de tramitación mediante el reconocimiento previo y expreso de su improcedencia, a los despidos por causas objetivas; y d) disminuyendo en ocho días de la cuantía de las indemnizaciones a abonar por el empresario en los despidos por razones empresariales, sean estos procedentes o improcedentes, mediante la asunción del pago de ocho días por año de servicios por el Fondo de Garantía Salarial.  Lo anterior no sólo permite apreciar con facilidad el desbalance manifiesto entre las medidas dirigidas a favorecer un uso más razonable de la contratación temporal y las que buscan promover la contratación por tiempo indefinido. También aparece con toda evidencia la inclinación del legislador a tratar de promover el uso de los contratos por tiempo indeterminado reduciendo las cargas y costos de su extinción sin causa.   

Si existe un despido que no hay que abaratar y facilitar, al menos cuando lo que se quiere es combatir el dualismo y la precariedad en el mercado de trabajo, ese es precisamente el despido improcedente. Por ello, la reforma debió centrar su atención, en todo caso, en tratar de hacer más simple y económico despido procedente, basado en razones empresariales acreditadas y serias, mediante una aplicación más selectiva de los recursos por ella diseñados (reducción de la carga indemnizatoria y asunción de parte de ésta por el FOGASA) centrada exclusivamente en esta clase de despidos. 

Al no haberlo hecho así, y persistir además la levedad del control sobre el uso injustificado de los contratos temporales, es de temer que la flamante reforma de 2010 no sirva sino para hacer aún más profundo el proceso de dualización de nuestro mercado de trabajo. Desalentando, de paso, el empleo de los mecanismos de “flexibilidad interna” que en otros pasajes de la norma se intenta impulsar.  

Se trata, por ello, de una reforma que, partiendo de un diagnóstico compartido por muchos es capaz de conseguir el efecto contrario al que se propusieron sus autores.   

El texto del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf   

ADDENDA: El debate en torno a la reforma laboral   

Se recogen a continuación otras opiniones publicadas en medios como este sobre la reforma laboral.    

El artículo de Carlos Alfonso Mellado, ¿Reforma laboral? Si, pero otra, publicado en el Diario El País el pasado 18 de junio y reproducido luego en el Blog de Antonio Baylos puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://baylos.blogspot.com/2010/06/reforma-laboral-la-opinion-de-carlos.html   

El post de Antonio Álvarez del Cubillo, “Reflexiones: la reforma laboral y la crisis”, aparecido en el blog del autor, puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://tiempos-interesantes.blogspot.com/2010/06/reflexiones-la-reforma-laboral-y-la.html  

El artículo de Antonio Baylos, “La reforma del mercado de trabajo, fase dos de la terapia anticrisis”, publicado en el Diario El País el pasado 20 de junio y colgado después en el blog del autor, puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://baylos.blogspot.com/2010/06/la-reforma-del-mercado-de-trabajo-fase.html

El artículo de Antonio Gutiérrez, “Será más fácil despedir que flexibilizar”, aparecido en el Diario El País el 22 de junio, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.elpais.com/articulo/espana/Sera/facil/despedir/flexibilizar/elpepiesp/20100622elpepinac_4/Tes?pronto=1 

ANTE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS: decepción, pero no perplejidad …

   

Evard munch, Trabajadores retornando a casa, 1935

 

El resultado era previsible y así fue advertido. Una Europa cada vez más integrada en lo económico pero fragmentada en lo político, en la que la pérdida de los mecanismos de gobierno de la economía por parte de los Estados no era acompañada, ni de una armonización real de sus respectivos marcos institucionales, ni de mecanismos de intervención frente a las situaciones de shock asimétrico, generaría fuertes presiones sobre los únicos instrumentos de ajuste a disposición de los Estados: la política fiscal y la política laboral.     

De allí que no sea de extrañar que el Gobierno español haya tenido finalmente que reaccionar frente al embate de unos mercados no sujetos a más límites que los de la búsqueda de su propio beneficio, a pesar de que las cifras del déficit eran consideradas por él mismo en principio asumibles. El sobre costo generado en la deuda por las maniobras especulativa era de tal dimensión que, quizá, dejase pocas opciones más en sus manos.     

Lo que resulta decepcionante es la decisión anunciada el pasado martes de realizarlo, descartando otras opciones posibles, recurriendo de manera exclusiva al fácil expediente del ajuste salarial y el recorte prestaciones sociales. Es el fracaso de la política o, en todo caso, de aquella que pretende una gestión de los problemas basada, al menos, en el reparto equilibrado de los sacrificios     

Como juristas poco más tenemos que decir sobre las medidas en cuestión, salvo que, aunque seguramente posibles ante situaciones de extrema dificultad como la que vivimos, representan un doloroso sacrificio para la autonomía colectiva y la gestión concertada de nuestras relaciones laborales. ¿Serán también un negativo precedente que levante las compuertas para actuaciones de corte igualmente unilateral y limitador de derechos en otros ámbitos? Creo que es pronto aún para responder a esta pregunta.  

ADDENDA:

Finalmente, el dia de hoy lunes 24 de mayo, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adpotan medidas extraordianrias para la reducción del défitit público. El texto de esta norma puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf  

Para acceder a la correccion de errores, aparecida el Boletín Oficial del Estado del martes 25 de mayo: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8318.pdf

El (silente) debate sobre la crisis económica actual y el Derecho del Trabajo

La "pirámide del capitalismo", según un cartel del sindicato histórico IWW

Por sorprendente que parezca, el de la relación entre la actual crisis económica y el Derecho del Trabajo no es un tema que haya sido objeto de especial atención por parte de la literatura especializada. La cuestión está, sin duda, presente todos los días en los medios de comunicacion, pero como parte del debate político y social, no de la discusión académica. Antes bien, los textos sobre tan decisiva cuestión escasean en las revistas especializadas, no siendo demasiados los académicos que han puesto sus reflexiones por escrito. 

¿Cual puede ser la explicación de tan llamativo silencio, frente a la avalancha de escritos que caracterizaron la reflexión sobre la crisis precedente? 

Posiblemente haya que buscarla en la naturaleza de la crisis actual, por completo alejada, tanto en el diagnóstico de sus causas como en la determinación de las soluciones, de la crítica al intervencionismo estatal o colectivo en las relaciones de trabajo, a diferencia de lo que ocurrió con la anterior, donde ambos ubicados nada menos que en su raíz. En la actualidad el Derecho del Trabajo no se encuentra bajo sospecha. Y, por tanto, mal se haría en proponer modificaciones de fondo en su diseño institucional al abrigo de la crisis. Esto se parece demasiado a las propuestas interesadas de algunos sectores económicos como para que pueda ser asumido por quienes se dedican con seriedad al estudio de estos temas, incluso cuando se participa de posiciones próximas al sector empresarial Es estos casos, parece más razonable -y, por cierto, también más cómodo- moverse en el terreno de la micro propuesta, postulando la adopción de concretas medidas de adaptación, mejor si de carácter coyuntural. 

Una reflexión sobre el papel del Derecho del Trabajo en el actual escenario me parece,  con todo, necesaria. No para responder a un discurso “culpabilizador” que esta vez no ha calado. Sino para poner de manifiesto cómo, aunque sigue siendo cierto que, como puso de manifiesto Hugo Sinzheimer hace ya ocho décadas, “el Derecho del Trabajo no tiene una existencia aislada”, ya que “se alimenta de la economía” y “sólo puede tener contenido si existe una economía que asegure las condiciones de vida del trabajo”, la protección laboral, si es enfocada de forma adecuada, compatibilizando la garantía de un núcleo básico de derechos a los trabajadores con herramientas que permitan a las empresas una gestión flexible de sus necesidades, no sólo no puede ser considerada una traba para el crecimiento económico, sino que constituye un componente ineludible para el desarrollo eficiente, equilibrado y sostenible de todo sistema productivo, el cual no puede estar basado sino en la potenciación de las capacidades y el compromiso del factor trabajo. En consecuencia, aunque puedan adoptarse medidas de coyuntura y éstas puedan eventualmente imponer algún retroceso en la protección, a medio y largo plazo, no sólo no es justo desprenderse de la tutela que ofrecen las normas laborales, sino que tampoco es conveniente. 

Sobre éste y otros temas conexos tuve la ocasión de reflexionar a propósito de invitación que me formuló la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), a través de Rodolfo Piza y el Proyecto “Cumple y Gana”, para participar en el Seminario Internacional sobre “Retos del Derecho del Trabajo y la Inspección Laboral en Centroamérica y República Dominicana”, que se celebró en San José de Costa Rica entre el 22 y el 23 de septiembre de 2009. El resultado fue la conferencia “Los retos del Derecho del Trabajo hoy (con el telón de fondo de la crisis económica)” cuyo texto pongo a disposición de los lectores de este blog. 

El texto de la conferencia “LOS RETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO HOY (CON EL TELÓN DE FONDO DE LA CRISIS ECONÓMICA)” puede ser descargado desde el siguiente enlace: 

LOS-RETOS-DEL-DERECHO-DEL-TRABAJO-Y-LA-CRISIS-ECONOMICA-conferencia-CR-WSANGUINETI

Para más información sobre el SEMINARIO “RETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA INSPECCIÓN LABORAL EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA”, véase: 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=158621948670    

 

LA visión de El Roto sobre las causas de la actual crisis

   

 

La reforma del mercado de trabajo en España: primeros documentos

Ferand Leger, The Builders (1950)

 

El debate sobre la reforma del mercado de trabajo en España ha dado lugar en los últimos días a dos importantes instrumentos. De un lado, el Documento “LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO PARA SU DISCUSIÓN CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL”, puesto en circulación por el Gobierno luego de su discusión en el Consejo de Ministros del pasado viernes 6 de febrero, y del otro el “ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2010, 2011 Y 2012”, adoptado por los agentes sociales el lunes 8.   

Dado su interés y novedad, he pensado que podría ser una buena idea poner ambos documentos en texto completo a disposición de los lectores de este blog.  

El Documento “LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO PARA SU DISCUSIÓN CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL” puede ser descargado desde el siguiente enlace: 

http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=28052  

El “ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2010, 2011 Y 2012”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

ACUERDO NCOL 2010-2012  

ADDENDA:   

El texto del “ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2010, 2011 Y 2012” publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/22/pdfs/BOE-A-2010-2844.pdf  

ADDENDA II:   

Se añade a esta entrada el texto del nuevo documento de trabajo “DIÁLOGO SOCIAL SOBRE ACTUACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO” presentado por el Gobierno a los agentes sociales el 12 de abril de 2010.Este documento puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

Documento de trabajo DS MT 12-04-10    

ADDENDA III    

Se agrega a esta entrada el documento “BORRADOR DE LAS MEDIDAS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO”, puesto en circulación por el Gobierno el pasado 12 de junio de 2010. Este documento puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/201006/Borrador_Medidas.pdf 

DOCUMENTO DE INTERÉS: El Acuerdo Marco de Excepcionalidad de Michelin España

La propuesta sindical de optimizar las posibilidades de los mecanismos que actualmente permiten afrontar las crisis empresariales reduciendo el tiempo de trabajo en vez de comprimir el empleo, como ha venido ocurriendo hasta ahora de manera prioritaria en España, ha permitido desbloquear el debate en torno a la orientación de una futura reforma laboral. En este contexto, resulta del mayor interés conocer las experiencias de aplicación de este principio que se han producido con anterioridad. La de Michelin España, de la que da cuenta la nota publicada por El Periódico de Cataluña el pasado 30 de noviembre que se reproduce a continuación, es una de las más notables, tanto por su imaginativo enfoque, basado en la creación de un mecanismo ad hoc de gestión flexible de la jornada anual y su proyección a un periodo de más largo alcance, como por el exito alcanzado en su aplicación. Luego de la nota aparecen también enlaces al texto de los instrumentos que han permitido poner en marcha esta iniciativa: el Acuerdo Marco de Excepcionalidad de Michelin España y su complemento, firmado poco después, obtenidos ambos de la página web de la Sección Sindical de UGT en la empresa. 

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Guía Michelin antidespidos

La firma de neumáticos ha logrado un importante acuerdo laboral en España. A través de la reducción de jornada anual se han evitado más de 800 despidos y mantenido los sueldos.

Michelin no solo edita la más famosa guía de restaurantes del mundo. La multinacional francesa ha logrado en España un importante acuerdo laboral que casi podría servir, también, de guía para que empresas sanas y rentables hagan la travesía del desierto de la mayor crisis en 60 años sin un solo despido, sin rebajas de salario, convirtiendo los empleos temporales en fijos y sin dañar la viabilidad futura de la firma. Se trata del documento bautizado como Acuerdo Marco de Excepcionalidad (AME), negociado entre la empresa, UGT y CCOO (después se adhirieron CSI y USO).

«No en todos los demás países donde están Michelin es así», explican los representantes de UGT y CCOO, José Antonio Fernández y Marcial Moreta. Fernández pertenece a la fábrica de Valladolid y Moreta, a la de Vitoria. «En general, lo que se ha hecho fuera de España es deshacerse de los eventuales o reducir turnos», señalan. Las fábricas españolas (Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid) se cuentan entre las más productivas de las existentes en 19 países.

El acuerdo fue firmado en diciembre del 2008 y ampliado después en abril. Cada uno de los 8.500 trabajadores de Michelin en España –desde el director general hasta el empleado más reciente– acepta reducirse la jornada anual en un máximo de 70 días –según las exigencias de la producción–, que serán recuperables a lo largo de cinco años. Como mínimo, el 50% del salario de estas jornadas se cobrará en el 2009 (aunque no se hayan trabajado) y, el resto, cuando se recuperen. En ningún caso se descontará a un empleado más de dos jornadas de sueldo en un mismo mes «para no romper la economía familiar». Los empleados renuncian al plus salarial por ajuste de jornada.

El acuerdo –admiten los sindicatos– fue posible porque la situación financiera de la firma lo permite (340 millones de beneficios en el 2008). Pero también «porque existe una tradición de negociación y acuerdos laborales que hemos construido con los años», aseguran. «La paz social cuesta dinero».

Se calcula que en el 2009, de las 70 jornadas de reducción máxima, se aplicarán una media de 35 días por empleado. Eso, equivale a entre 800 y 900 empleos. Son los despidos que se han logrado evitar.

La negociación del AME empezó a finales del 2008, cuando todas las señales del sector anunciaban que se avecinaba una crisis monumental. El objetivo era salvar el empleo, las condiciones laborales y, sobre todo, la viabilidad de la empresa. Se decidió que, en la medida de lo posible, habría que evitar un ERE, por ser «más traumático» y porque la empresa prefería dar una solución «interna» al problema. También se acordó evitar el despido de eventuales y no prescindir de subcontratas. Así, se pactó un plan de reducción de hasta 30 jornadas, con el abono total del sueldo. «Eso nos permitió atravesar lo más duro de la crisis», cuentan. Pero en marzo se agotó el margen, y hubo que renegociar el AME, elevar a 70 la reducción máxima de jornadas y diferir el 50% del salario de los días no trabajados.
Al final del 2009,acaba la vigencia del AME. Se planea algún tipo de prórroga, pero, además, será preciso darle una vuelta de tuerca más. La firma plantea un ERE temporal de hasta 18 meses para 386 personas de 59 o 60 años. En el peor de los casos, la suspensión llegará hasta la jubilación (61 años y medio). Por eso, dirección y sindicatos están convencidos de que, en principio, será una medida «poco o nada traumática». Lo que se negocia es cuál será el complemento salarial que la empresa añadirá a la prestación por desempleo.

EL PERIÓDICO, 30-11-2009

EL TEXTO DEL “ACUERDO MARCO DE EXCEPCIONALIDAD DE MICHELIN ESPAÑA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: AME MICHELIN ESPAÑA

EL TEXTO DEL “COMPLEMENTO DEL ACUERDO MARCO DE EXCEPCIONALIDAD DE MICHELIN ESPAÑA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: COMPLEMENTO DEL AME MICHELIN ESPAÑA

 

El efecto “boca de cocodrilo”: la distribución de la riqueza y el trabajo asalariado

Carlos Orduña Barrera, Hacedor de máscaras

Respecto de la entrada “Radiografía de un crecimiento excluyente”, publicada dos semanas atrás, he recibido un comentario de Christian Sánchez, coautor del texto que se colocó como adjunto a la misma, al que acompaña el siguiente cuadro:

De su lectura se desprende con facilidad una doble conclusión:  la distribución de la riqueza en el Perú no sólo es profundamente desigual, sino que esa desigualdad, medida a través de la brecha entre la participación del capital (beneficios empresariales) y el trabajo (salarios), viene incrementándose de manera muy significativa en los últimos años. Nada menos que en un 17.6% entre 1991 y 2007. Es lo que se conoce, en la jerga de los especialistas, como efecto “boca de cocodrilo”.

A esta evidente transferencia de rentas del trabajo hacia el capital no son ajenas las políticas estatales y empresariales puestas en marcha en este país a lo largo del período cubierto por el cuadro, incluidas las más recientes denunciadas en la entrada antes referida. De allí que en su comentario Christian Sánchez abogase, con buen criterio, por el impulso de la negociación colectiva en el Perú, dado su papel fundamental como mecanismo de redistribución de la riqueza.

Es imporante tener en cuenta, de todas formas, que el mismo fenómeno, quizá con menos dramatismo pero igual contundencia, se viene produciendo en el conjunto de economías de los países avanzados, España incluida. El cocodrilo puede tener la boca más o menos abierta dependiendo de los casos, pero su tendencia a irla abriendo cada vez más es en todos evidente.

Esta constatación debe alertarnos sobre los efectos que están teniendo, no sólo el despliegue del proceso de globalización económica sino las políticas que se están poniendo en marcha, tanto a nivel estatal como empresarial, para responder a él, sobre los mecanismos de equilibrio social trabajosamente construidos a lo largo de todo el siglo XX. Unos mecanismos entre los cuales ocupan un papel estelar los que caracterizan al Derecho del Trabajo. Vale decir, la intervención estatal en las relaciones de trabajo y la participación colectiva de los trabajadores.

Las normas estatales protectoras, aún con menor intensidad, siguen existiendo. Y la acción sindical y la negociación colectiva no han desaparecido. Pero cada vez equilibran y redistribuyen menos. Naturalmente, habrá que profundizar en el análisis de las causas de este fenómeno, así como en la manera de tratar de revertir o frenar sus efectos en un contexto tan difícil como el actual, ya que lo que se encuentra en juego es nada menos que la lógica democrática y equilibradora que ha hecho posible el bienestar y la democracia en nuestras sociedades.

A la presente entrada se adjunta un nuevo artículo de Christian Sánchez y Fernando Cuadros Luque titulado “El rol estatal de fomento de la negociación colectiva” en el que estos autrores destacan la vital importancia que posee la promoción de la sindicalización y la negociación colectiva para el equilibrio de los poderes de negociación dentro del mercado de trabajo, la elevación de la productividad y la consecusión de incrementos remunerativos acordes con ella.

EL TEXTO DEL ARTÍCULO “EL ROL ESTATAL DE FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: ART-FOM-NCOL-C-SANCHEZ-F-CUADROS

Hugo Sinzheimer y el valor de la persona y su dignidad en el Derecho del Trabajo

  
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Hugo Sinzheimer

En un momento como el actual, en el que el debate sobre las vías de salida de la crisis es capaz de ofrecer una nueva oportunidad a las concepciones que ven en el trabajo sólo un costo empresarial, cobra especial actualidad el texto de Hugo Sinzheimer que se pone a disposición de los lectores de este blog a continuación de la presente nota.

En este escrito, titulado “La esencia del Derecho del Trabajo”, cuya publicación data de 1927, este clásico del laboralismo pone de manifiesto con particular claridad la singularidad del objeto de nuestra disciplina, que no regula simplemente relaciones patrimoniales entre individuos, sino que envuelve un compromiso en el que está implicada la persona humana como tal. Como apunta Sinzheimer, “quien presta su trabajo no da ningún objeto patrimonial, sino que se da a sí mismo”, toda vez que “el trabajo es el hombre en situación de actuar”.

Tenerlo presente es importante para tomar consciencia de hasta qué punto el Derecho del Trabajo penetra en la esfera subjetiva de los individuos. Y también para comprender la vinculación esencial que, como consecuencia de ello, mantiene con la garantía de la dignidad de la persona y su condición esencial de fin y no medio, de sujeto y no de objeto, que este autor afirma de forma contundente señalando que la función del Derecho del Trabajo “consiste en evitar que el hombre sea tratado igual que las cosas”.

El texto destaca además el relieve especial que adquiere en este contexto el hecho de que el trabajador desarrolle su labor en el marco de una relación de subordinación o dependencia. Una relación en la que, como afirma el autor, el hombre “está mediatizado”, “está alienado, de sí y del todo”, en tanto que se encuentra sujeto a la voluntad de otro hombre.  Una constatación que le permite situar también en el centro de gravedad del Derecho del Trabajo nada menos que “el problema de la libertad humana”, comprometida de lleno, como hemos visto, igualmente  en el intercambio contractual.

No olvidar que en el contrato de trabajo el trabajador no compromete “su haber” sino “su ser”, como destaca Luigi Mengoni, y que lo hace además en el marco de una relación en la que su voluntad no sólo “se compromete” sino que “se somete”, por continuar las citas de los clásicos con una de Kahn Freund, resulta un imperativo ineludible para estar en condiciones de marcar un límite claro a las pretensiones de instrumentalización del régimen de la relación laboral provenientes de aquella línea de pensamiento que ve en el trabajo sólo una mercancía cuyo costo y garantías convendria, en una situación como la actual, aligerar lo más posible.

EL TEXTO DE HUGO SINZHEIMER “LA ESENCIA DEL DERECHO DEL TRABAJO” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: LA ESENCIA DEL DERECHO DEL TRABAJO ( 1927 )

(Extraido de Hugo Sinzheimer, Crisis Económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, Madrid, IELSS, 1984. Traducción de Felipe Vázquez Mateo).  
 
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Antonio Berni, Manifestación

NOTICIA DE INTERÉS: Medio millón de niñas y niños se incorporarán al trabajo infantil con la crisis económica global

 

Artistas callejeros (Argentina)

Artistas callejeros (Argentina)

En su último informe sobre el estado del trabajo infantil en el mundo, aparecido en 2006, la OIT cifró sus expectativas en torno a una futura erradicación de esta lacra en los avances dados en los países de América Latina. Tres años después, en plena crisis, dichas expectativas parecen estar desvaneciéndose. Se recoge a continuación una noticia aparecida el pasado 15 de octubre en la que se da cuenta de la publicación de un nuevo informe de la OIT, esta vez centrado en los países de América Latina, que pone de manifiesto la posibilidad de un importantísimo retroceso en los avances alcanzados debido al deterioro de la situación económica de la región. Al texto se acompaña el enlace al informe antes aludido, así como a un estudio del que soy autor sobre la acción de la OIT en los países de América del Sur, en el que se da cuenta de sus repercusiones y desafíos estructurales, poniendo de manifiesto la necesidad de una intensa acción de los Estados dirigida a poner freno a este lacerante problema, basada no sólo en acciones inmediatas de protección sino en medidas de política social de mayor aliento, dirigidas a asegurar el acceso de las mayorías a los servicios sociales, una educación de calidad para todos los niños y un trabajo decente para los adultos. La crisis no ha hecho más que reforzar esta necesidad.

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Nuevas y pequeñas manos aprenderán a picar piedra, remover basura, acarrear cal, cortar caña o trenzar mechas de pólvora. O, en el peor de los casos, niñas y niños podrían ser explotados sexualmente, sometidos a cuidar a otros pequeños, cavar en las minas o arar la tierra. 

No se sabe cuál será su destino, lo que si se conoce es que en los próximos años serán nuevos y nuevas niñas los que se incorporarán a la fuerza laboral infantil América Latina a partir de los nueve años de edad. Y todo ello, por la crisis económica global que ha trastocado a los países de la región.

Al menos así es el panorama que la OIT prevé, no solo para esta nación, sino para 16 más de América Latina.

Preocupada, pesimista y en la incertidumbre de lo qué le espera a la niñez en el tema laboral, la OIT, en su estudio “Impacto de la crisis económica mundial en el trabajo infantil en América Latina y recomendaciones para su mitigación”, indica que se espera un retroceso en los avances logrados en el tema laboral infantil desde hace varios años.

Guillermo Dema, representante regional de ese organismo para América Latina y el Caribe, tiene claro que al menos un nuevo medio millón de niñas y niños de esta área geográfica se incorporarán al trabajo infantil, cuando sus familias pasen a formar parte de los más pobres entre los pobres si los gobiernos no hacen un esfuerzo por mitigar la situación.

La incorporación al mercado de trabajo de niñas, niños y adolescentes limita su pleno desarrollo y, en muchos casos, de persistir la situación, resultará en la perpetuación de la condición de pobreza, indica Dema.

El documento de la OIT destaca que la incorporación de las y los nuevos niños y niñas al trabajo infantil pondría en riesgo los objetivos de la “Agenda Hemisférica para generar Trabajo Decente 2006-2015”, que se propone eliminar las peores formas de trabajo infantil en un plazo de 10 años y eliminarlo en su totalidad en un plazo de 15 años, es decir en 2020.

Rebelión 

EL INFORMDE DE LA OIT “IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL EN EL TRABAJO INFANTIL EN AMÉRICA LATINA Y RECOMENDACIONES PARA SU MITIGACIÓN” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cris_y_ti_al_final.pdf

EL ARTÍCULO “LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE LA OIT EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL EN AMÉRICA DEL SUR: PANORAMA GENERAL Y RESULTADOS MÁS RELEVANTES” PUEDE SER DESACARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: ART-TRABAJO-INFANTIL-RMTAS-WSANGUINETI

 

La felicidad de la infancia

“Reforma laboral, crisis económica y empleo”

Emblema Fundacion 1º de mayo

A finales del pasado mes de abril, la Fundación 1º de mayo solicitó a un grupo de siete expertos en cuestiones laborales y de Seguridad Social que respondiesen a un cuestionario sobre las líneas maestras de una posible reforma de la legislación laboral y de protección social  en España.

Las respuestas aportadas a dicho cuestionario por Antonio Baylos, Joaquín Aparicio, Carlos Alfonso, María José Romero, Enrique Lillo, Juan López Gandía, Fernando Rocha, José Luis Alvarez y quien esto escribe aparecieron publicadas en el Cuaderno número 1 de la Fundación, correspondiente al mes de mayo del presente año.

Este es sin duda un documento de gran interés para todos aquellos que se encuentran interesados en la construcción de una línea de pensamiento alternativa y crítica a los planteamientos que  actualmente abogan por una reducción de las garantías aseguradas hasta el momento al trabajo como única vía para la superación de la crisis  que venimos atravesando.

De allí que desde este blog me sume a su difusión, poniendo este documento a disposición de sus lectores.

El Cuaderno número 1 de la Fundación 1º de mayo, en el que se recoge el debate en sobre “Reforma laboral, crisis económica y empleo” puede ser descargado desde el siguiente enlace: Cuaderno núm. 1 Fundación 1º de Mayo – Reforma Laboral

VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales: “Crisis económica, reestructuración de empresas y Derecho del Trabajo”

El próximo 26 de marzo se celebrarán en la sede de Elche de la Universidad Miguel Hernández las VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, organizadas por un servidor conjuntamente con la Profesora Mercedes Sánchez Castillo. 

El tema elegido en esta ocasion guarda una relación estrecha con la coyuntura que viene viviéndose en España, como lo expresa su título: “Crisis económica, reestructuración de empresas y Derecho del Trabajo”.

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El propósito de esta actividad es reflexionar sobre las relaciones entre Derecho del Trabajo y crisis económica, partiendo de su encuadramiento general (conferencia de Carlos Palomeque), pero descendiendo al análisis de los instrumentos puestos a disposición de las empresas para adaptar a ella su volumen de empleo (conferencia de Angel Blasco Pellicer) y estructura de costes (conferencia de Wilfredo Sanguineti).

Asimismo, se analizarán los mecanismos “alternativos” a los que vienen recurriendo muchas empresas con el fin de reducir sus plantillas sin pasar por los controles previstos por la legislación vigente: la extinción de contratos temporales y el despido improcedente reconocido de forma explícita como tal (confrencia de Jesus Rentero).

El programa concluye con un debate sobre la situación del empleo en la Comunidad Valenciana a cargo de representantes de la Administración autonómica y los agentes sociales de la región.

La asistencia a estas jornadas es gratuita enviando un email a la siguiente dirección: jornadas-dt@hotmail.es

EL PROGRAMA DE ESTA ACTIVIDAD PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:   diptico-jornadas-umh