Igualdad de género y negociación colectiva: el (inesperado) avance de las medidas de acción positiva

Guaman Poma de Ayala, trabajo de la mujer, siglo XVII

(A propósito de los resultados de una investigación en curso)

Con una crisis como la que venimos atravesando era de esperar que la aplicación de las herramientas diseñadas por la Ley de Igualdad [Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres] con el objeto de combatir la discriminación laboral de las mujeres, y en particular la inclusión en los convenios colectivos de “medidas de acción positiva para favorecer el acceso” de las mismas al empleo [artículo 43], se viese considerablemente retrasada. 

Mi participación en una investigación aún en curso sobre la materia [Proyecto “La igualdad de género en la negociación colectiva de Castilla y León: análisis interdisciplinar”, financiado por la Consejería de Educación de Castilla y León], me ha permitido comprobar, sin embargo, que esta predicción no es del todo exacta. En plena crisis económica existen convenios colectivos que no solamente contienen cláusulas que prohíben con carácter general los actos de discriminación en contra de las mujeres, reafirmando así la vigencia de las previsiones legales y proyectándolas dentro de su ámbito de aplicación, sino que se animan a incorporar a su texto medidas de acción positiva dirigidas a combatir las situaciones de sistemática postergación de las mismas en el acceso al empleo. 

Las medidas de acción positiva son un peculiar instrumento a través del cual se busca corregir los estados de discriminación generalizada mediante la asignación de un trato más favorable a los integrantes del colectivo perjudicado. En el caso particular del acceso al empleo, estas medidas se concretan en la previsión de tratamientos preferentes en la contratación en beneficio de las aspirantes del sexo femenino. Dentro del ordenamiento comunitario europeo, este tipo de actuaciones son válidas siempre que, además de partir de la existencia de una situación real de sistemática desigualdad, no reconozcan una preferencia absoluta e incondicionada a las mujeres, sino supeditada a la concurrencia en quienes se benefician de ellas de condiciones de idoneidad para el desempeño del puesto de trabajo al menos equivalentes a las de los aspirantes varones. Otra cosa, se entiende, supondría un sacrificio desproporcionado de su derecho al acceso al empleo sin discriminaciones por razón de sexo. 

Desde marzo de 2007 ha sido posible hallar en la región castellano-leonesa, a la que se circunscribe el estudio, diez convenios colectivos que recogen medidas de este tipo. En prácticamente todos los casos, el texto de la correspondiente cláusula obedece al siguiente tenor: 

“Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos representado en el grupo profesional del que se trate”.

Con esta redacción, tomada en su parte final de la fórmula empleada por el artículo 17.4 del Estatuto de los Trabajadores para definir los límites dentro de los cuales la negociación colectiva puede recurrir a esta clase de medidas, no parece que pueda ponerse en duda su carácter preceptivo. Las cláusulas prevén en todos los casos que, en igualdad de condiciones de idoneidad para el desempeño de un mismo puesto, tendrá preferencia la persona que pertenezca al sexo menos representado dentro del grupo profesional al que ese puesto pertenezca, sin supeditar este resultado a ningún requisito adicional o decisión posterior. Su formulación, neutra desde la perspectiva del género (la preferencia no es necesariamente a favor de la mujer sino de quien pertenezca al género infrarrepresentado), hace posible, además, que operen, no solamente favoreciendo el acceso de las mujeres a las tareas “masculinizadas”, sino el de los varones a las “feminizadas”, desplegando un doble efecto favorable frente a la segregación ocupacional de las primeras.

El único cabo suelto es el relativo a las fórmulas con arreglo a las cuales ha de valorarse la idoneidad de los aspirantes. Sin embargo, del propio tenor de estas cláusulas, así como de la vocación igualatoria que las anima, se desprende que esa valoración habrá de llevarse a cabo con arreglo a criterios de naturaleza objetiva, no vinculados con su pertenencia a uno u otro sexo. Por lo demás, la igualdad que se exige no es una que tenga que estar basada en aptitudes idénticas, sino en méritos o condiciones “de igual valor” (Álvarez del Cubillo).

La presencia de este tipo de cláusulas en una región que no puede ser considerada puntera, ni en materia de negociación colectiva, ni en materia de igualdad, permite apreciar cómo, aún en medio de la difícil situación que venimos atravesando, la conciencia social en torno a la necesidad de combatir la discriminación de las mujeres y favorecer la igualdad de trato en nuestras relaciones laborales sigue avanzando. A pasos lentos pero a fin de cuentas constantes.

A esta entrada se añade un extracto del estudio “La negociación colectiva sobre acceso al empleo de la mujer: el lento avance de la igualdad”, que será presentado como parte de los resultados del Proyecto de Investigación antes citado, en el que se presentan y analizan las medidas de acción positiva presentes en la negociación colectiva castellano-leonesa más reciente.  

El extracto del artículo de Wilfredo Sanguineti Raymond “La negociación colectiva sobre acceso al empleo de la mujer: el lento avance de la igualdad”, puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Medidas de accion positiva en la nc de Castilla y Leon-WSANGUINETI

El último acto de la reforma laboral de 2010: la Ley 35/2010, de 17 de septiembre

  

Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi, 1895

 

La aprobación de la Ley 35/2010, fruto de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 10/2010, no ha introducido ninguna variación de particular relieve en la orientación de conjunto de la norma que le dio origen. Todo lo dicho en esta bitácora sobre la versión inicial de la reforma laboral de 2010 (vease las entradas de 19 y 26 de junio, 3 y 10 de julio y 11 de septiembre) es, por tanto, aplicable casi sin matices a ésta, su versión definitiva.       

De todas formas, más allá de la infinidad de añadidos, correcciones, matices que el nuevo texto introduce en su precedente sin llegar a alterar el espíritu que lo anima, cuyo relato sería larguísimo de realizar aquí, existen tres cuestiones en relación con las cuales la Ley 35/2010 incluye novedades de importancia, dirigidas a profundizar líneas de intervención y orientaciones apuntadas ya por el Real Decreto-Ley 10/2010. Dado su interés, me parece que vale la pena que nos detengamos en ponerlos de manifiesto.       

Estos cambios afectan a las siguientes materias:       

1. La definición de las causas de despido por razones económicas       

En un intento de favorecer la operatividad de los despidos por razones económicas, la Ley no se conforma con indicar que estos proceden “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa”, como hacía su antecedente, sino que nos ofrece ejemplos de hipótesis en las que es posible entender que ésta existe efectivamente. A estos efectos, el nuevo texto del artículo 51.1 ET señala que la misma podrá entenderse existente “en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente (del) nivel de ingresos” de la empresa.       

La sola presencia de este tipo de situaciones, sin embargo, no determina la procedencia de las extinciones, como se ha insinuado en el debate periodístico sobre la reforma. Hay que tener presente que la propia norma exige a continuación que los indicados estados sean de una magnitud tal que estén en condiciones de “afectar a (la) viabilidad (de la empresa) o a su capacidad de mantener el empleo”. Es decir, postula la necesidad de un nexo de causalidad entre la situación alegada y su gravedad, de un lado, y la necesidad de reducir el volumen de empleo existente en la empresa. Es más, precisamente con este fin, el precepto añade que el empresario que pretenda recurrir a un despido de estas características no sólo deberá probar “los resultados alegados”, sino “justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva”. A estos efectos, la Ley suprime la extravagante referencia inicialmente introducida por el Decreto al carácter “mínimo” de la razonabilidad de las extinciones, aunque vincula la misma a su utilidad “para preservar o favorecer (la) posición competitiva (de la empresa) en el mercado”.       

Lo anterior determina una conformación del precepto sin duda más atenta a las necesidades empresariales, pero que -afortunadamente- no vacía el carácter causal de la institución. Y es que, incluso la tan criticada alusión a las pérdidas “previstas” debe ser cohonestada con las demás claves del precepto, no bastando por tanto su mera alegación si no va acompañada de la demostración de que de las mismas están en condiciones de afectar a la viabilidad de la empresa o el empleo dentro de ella, y de que las extinciones son una medida razonable desde el punto de vista empresarial para hacerles frente.        

2. La universalización del contrato para el fomento de la contratación por tiempo indefinido       

La pretensión de extender el ámbito de aplicación del contrato para el fomento de la contratación por tiempo indefinido es llevada a su máxima expresión por el artículo 3 de la Ley, que modificando la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001 incluye entre la lista de colectivos con los que el mismo podrá concertarse a los “parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo”. Naturalmente, a la luz de esta indicación, que reduce a uno los tres meses previstos inicialmente por el Decreto, pierde buena parte de su sentido el esfuerzo del propio precepto de definir los demás colectivos a los que puede ser aplicada la figura, ya que ésta se vuelve de aplicación prácticamente universal tratándose de trabajadores de nueva contratación.       

Esta extensión resulta trascendente en la medida en que conlleva, a su vez, la práctica universalización de las modificaciones introducidas en el régimen jurídico de los despidos por razones objetivas tratándose de estos contratos, todas encaminadas a reducir de forma drástica su coste (e incluso a poner en cuestión de manera encubierta su carácter causal), a las que tuve la ocasión de referirme en la entrada el pasado 11 de septiembre. Unas medidas que vienen acompañadas, además, de la traslación a este ámbito del denominado “despido exprés” (despido reconocido como improcedente por el empresario).        

Esta operación tiene como consecuencia un claro debilitamiento de la operatividad de las garantías frente al despido, cuya aplicación está en condiciones de verse reducida de forma drástica en el futuro.       

3. El reforzamiento de la “disponibilidad colectiva” de los convenios sectoriales a nivel empresarial       

La intención de promover una mayor adaptabilidad del contenido de los convenios de sector a las necesidades de las empresas sometidas a su ámbito de aplicación condujo al Decreto a modificar los artículos 41 (modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de naturaleza colectiva) y 82 (“descuelgue” salarial) ET con el fin de reforzar la posibilidad de que los mismos puedan no ser aplicados a nivel de empresa cuando la situación de ésta así lo requiera y exista acuerdo entre la misma y los representantes de su personal. En el caso de los “descuelgues” salariales, ello se hizo suprimiendo la capacidad del convenio de sector para establecer de forma preceptiva las condiciones en las que el mismo podría tener lugar a nivel de empresa. Y en el de las modificaciones sustanciales tratando de aligerar al máximo la necesidad de causa para proceder a la inaplicación pactada de los contenidos del convenio superior, indicándose a tal efecto que “se entenderá que concurren las causas justificativas” exigidas por el artículo 41.1 ET cuando exista acuerdo entre la empresa y los representantes del personal.       

¿Qué cambios introduce ahora la Ley”. Son dos, y además muy relevantes. El primero busca desterrar cualquier duda en torno a la falta de necesidad de causa para proceder a la inaplicación de los convenios colectivos en estos casos. A estos efectos, el nuevo texto del artículo 41.6 ET añade a la indicación de que “cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificantes” exigidas, la expresa aclaración de que dicho acuerdo “sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”. A este cambio se suma la traslación de esta regla a los “descuelgues” salariales, para los cuales no estaba prevista, mediante una modificación de muy similar tenor literal en el texto del artículo 82.3 ET.       

El resultado de esta doble modificación es una total “dispositivización”, bien que a nivel colectivo y no individual, de los contenidos de los convenios colectivos de sector. Si bien estos formalmente siguen siendo vinculantes para todos los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación, su aplicación efectiva en un espacio concreto depende en última instancia de la voluntad de los mismos de someterse a ella, toda vez que, siempre que lo deseen, pueden apartarse de la disciplina convencional que los vincula llegando a un acuerdo colectivo en tal sentido.        

En un país con la estructura productiva de España, marcada por la absoluta preponderancia de las unidades productivas de pequeña o muy pequeña dimensión, en las que los órganos de representación no existen o carecen de experiencia o poder negociador, no es difícil presagiar el tipo de “descuelgues” a los que esta opción es capaz de dar lugar, máxime cuando la propia norma abre, en ambos casos, la posibilidad de que, en ausencia de representantes de los trabajadores, puedan estos proceder a elegir entre sí a los que se encargarán de negociar estas medidas.       

El texto de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la Reforma del mercado de trabajo, puede ser descargado desde el siguiente enlace:       

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf      

ADDENDA:

Se adjunta a esta entrada el artículo titulado “Coherencia política y huelga general”, publicado el día de ayer 26 de septiembre por Fernando Valdés dal Ré en el diario El País. Este artículo puede ser descargado desde el siguiente enlace:   

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Coherencia/politica/huelga/general/elpepueconeg/20100926elpneglse_9/Tes   

ADDENDA II:  

Se adjunta a esta entrada el post “Elogio de la huelga general”, publicado por Antonio Baylos el día de ayer 28 de septiembre en su Blog personal:  

http://baylos.blogspot.com/2010/09/elogio-de-la-huelga-general.html  

Una profunda reforma (encubierta) de la negociación colectiva

Mike Alewitz, Trabajador en el nuevo orden mundial, 1995

 

Una de las críticas más comúnmente esgrimidas por los agentes políticos en contra de la reciente reforma laboral llevada a cabo en España a través del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, es la de no haber incluido medidas de reforma del sistema de negociación colectiva. En particular, medidas dirigidas a paliar su presunta insensibilidad frente a las necesidades específicas de las empresas y la situación real del mercado de trabajo. Una insensibilidad, en cuya base se situaría el elevado nivel de centralización con el que se negocian hoy convenios, que contribuiría en buena medida a explicar, al lado del elevado dualismo del que se habló la semana pasada en este blog, por qué en España los ajustes afectan en las situaciones de crisis, antes y en mayor medida, al  empleo que a los salarios.  

Lo cierto es, sin embargo, que el Decreto sí incluye medidas, y además de importante calado, dirigidas a hacer frente a tal situación. Lo que ocurre es que no están representadas por la atribución de prioridad aplicativa a los convenios colectivos de empresa, como muchos esperaban, sino por la facilitación del recurso a nivel empresarial de un instrumento que ya fue introducido por la reforma de 1994 con la finalidad de favorecer esa adaptabilidad de las condiciones pactadas.  

Me estoy refiriendo al denominado “descuelgue convencional”, un singular mecanismo jurídico que hace posible la inaplicación a nivel de empresa de la regulación de determinadas materias contenida en los convenios de ámbito superior, siempre que concurra una causa la justifique y exista acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Este mecanismo fue introducido en 1994 mediante la modificación de dos preceptos del Estatuto de los Trabajadores. En primer lugar, del artículo 82.3, en el cual se introdujo la obligación de todo convenio sectorial de prever las “condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial” por él  previsto a “las empresas cuya estabilidad pudiera verse dañada como consecuencia” de tal aplicación, añadiéndose que, de no incluirse tal cláusula, la inaplicación podía ser acordada por el empresario y los representantes de los trabajadores. En segundo lugar, del artículo 41.2, a través del cual se reconoció de forma expresa la posibilidad de introducir cambios en determinadas condiciones pactadas en convenio estatutario (horario, régimen de turnos, sistemas de remuneración, trabajo y rendimiento) mediante “acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores”, siempre que concurran “probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción” que lo justifiquen.  

¿Qué cambios ha introducido sobre este panorama la reforma de 2010? Seguramente atendiendo al escaso uso de ambos mecanismos, lleva a cabo dos modificaciones de importancia en ellos.  

En primer lugar, respecto del “descuelgue salarial”, suprime dentro del artículo 82.3 toda referencia al poder de los convenios sectoriales de regular las condiciones de inaplicación de su contenido salarial, autorizando directamente -y no sólo a falta de estipulación en tal sentido- al empresario y los representantes de los trabajadores a proceder a la misma, suavizando además el motivo capaz de justificar esa decisión, que ahora viene representado por el posible daño a “la situación y perspectivas económicas de la empresa” que ocasionaría el cumplimiento del régimen salarial original, con potencial afectación de “posibilidades de mantenimiento del empleo en la empresa”. Más sutil, aunque igualmente relevante, es la modificación introducida en el artículo 41 ET mediante la adición a éste de un nuevo apartado 6. En este caso lo que se hace es eliminar el carácter causal de la inaplicación, con la consecuente supresión de la posibilidad de control judicial sobre la misma, mediante la sencilla indicación de que, cuando exista acuerdo entre la empresa y los representantes, “se entenderá que concurren las causas justificativas” exigidas por este precepto.  

Como salta a la vista, el resultado de esta doble operación es un importante debilitamiento, si no de la eficacia normativa ya que siempre se encuentra de por medio un instrumento colectivo, sí de la función uniformadora que en España vienen cumpliendo los convenios sectoriales, en favor de una fijación de las condiciones de trabajo cada vez más localizada en la empresa. La aplicación de estas condiciones termina, de este modo, por estar supeditada a la valoración que los sujetos del nivel empresarial tengan sobre su adecuación a las condiciones específicas de la correspondiente unidad productiva y su consiguiente decisión de recurrir o no a la inaplicación.  

De todos modos, cabe preguntarse por qué se ha recurrido a esta compleja solución en lugar decidirse de una vez por todas a primar el nivel empresarial. Quizá ello se deba a la peculiar estructuración del tejido productivo español, articulado de manera predominante, tanto en lo que se refiere al número de empresas como de trabajadores empleados, en torno a las unidades productivas de pequeña dimensión. En un contexto como éste, una apertura incontrolada de espacios para la negociación empresarial estaría en condiciones de conducir, antes que al desarrollo de la capacidad adaptativa de los convenios, a una intensa desarticulación del sistema de negocial, dentro de la cual la función uniformadora que han venido cumpliendo hasta el momento los convenios de sector podría verse sustituida por una fijación de condiciones de trabajo muy fragmentada a nivel de cada pequeña unidad productiva, en muchos casos incluso al margen de los cauces colectivos de negociación. Como se dijo en relación con la reforma precedente, una solución de este tipo serviría para “dar la salida de la carrera hacia una depredadora competencia desleal“, basada en la abusiva reducción de costos laborales, dentro de la cual se daría pábulo a todo tipo de maniobras evasivas basadas en la manipulación de unas representaciones laborales por lo general débiles e inexpertas en ámbitos tan reducidos.  

Estos son riesgos, de todas formas, que están patentes también en relación con los cambios introducidos. Y que, en todo caso, deben ser ponderados cuidadosamente en el proceso de tramitación como proyecto de ley que la reforma acaba de iniciar.  

A esta entrada se acompaña un artículo de Jesús Lahera, apreciado colega de la Universidad Complutense de Madrid, en el que aboga por una profundización de estos cambios, así como un texto del que soy autor, en el que se ofrece un balance de conjunto sobre las modificaciones introducidas en 1994 a través de la incorporación del descuelgue convencional.  

El artículo de Jesús Lahera “Reformar la negociación colectiva”, aparecido en el Diario El País el pasado 20 de junio de 2010, puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Reformar/negociacion/colectiva/elpepueconeg/20100620elpneglse_7/Tes  

El artículo de Wilfredo SanguinetiSistema de empresa y descuelgue convencional” puede ser descargado desde el siguiente enlace:  

sistema-de-empresa-y-descuelgue-convencional-WSANGUINETI

PUBLICACIÓN DE INTERÉS: El informe de 2010 del Observatorio de la Negociación Colectiva

Esta semana, en la que este blog ha superado las 25.000 visitas, he podido presentar en el IV Congreso Internacional de Derecho del Trabajo que se viene celebrando en Isla Margarita (Venezuela), la última publicación del Observatorio de la Negociación Colectiva. 

Concebido como grupo de investigación interuniversitario dedicado al estudio de la evolución y transformaciones de la negociación colectiva española, el Observatorio de la Negociación Colectiva lleva desde 2001 publicando aproximadamente cada dos años un informe general sobre el estado de la misma en España.  Estos informes, todos ellos dirigidos por Ricardo Escudero, su creador y principal impulsor, se caracterizan por añadir a la reflexión jurídica sobre el contenido de los convenios colectivos, elementos de análisis provenientes de la economía y sociología, así como de la práctica sindical. Esencial resulta, a estos efectos, su vinculación a la Secretaría de Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que ha ofrecido desde un inicio su patrocinio a este grupo de trabajo, poniéndolo en contacto con los agentes negociadores de los convenios.

La obra que acaba de aparecer se titula “Observatorio de la Negociación Colectiva. Empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización”. Ésta se suma a los distintos informes generales, cinco en total, elaborados desde la creación del grupo, en el año 2001. En  este caso, sin embargo, el estudio se distingue por su novedad, en la medida en que, en vez de abordar el análisis de la manera como la negociación colectiva aborda la regulación de las materias tradicionales (empleo, jornada, salarios, garantías de los representantes, etc.), centra su atención en instrumentos y temas atípicos, no abordados hasta el momento sino de manera fragmentaria e incompleta por otros estudios. En particular, por lo que al grupo de trabajo coordinado por un servidor se refiere, el examen de las respuestas que desde la autonomía colectiva se vienen desarrollando frente a los desafíos planteados por el proceso de globalización, tema al que se dedican nada menos que ocho estudios, que abordan este tema tanto en su dimensión interna como internacional.

Desde este blog me complace, no solamente recomendar esta obra a sus lectores, sino ofrecerles los enlaces a través de los cuales pueden acceder a la misma en versión completa, así como a los cuatro informes anteriores.

El informe de 2010 del Observatorio de la Negociación Colectiva puede ser descargado desde los siguientes enlaces:

· Índice e Introducción;

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/350142.pdf

· Contenido de la investigación:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/350141.pdf

Los informes de los años 2001, 2004, 2006 y 2008 pueden ser descargados desde los siguientes enlaces: 

Informe de 2001:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/67226.pdf

Informe de 2004:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/67229.pdf

Informe de 2006:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/226488.pdf

Informe de 2008:

· Índice:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/68741.pdf

· Contenido de la investigación:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/68742.pdf

Para más información sobre el Observatorio de la Negociación Colectiva

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/observatorioNegociacionColectiva/menu.do?Inicio  

 

Subcontratación, calidad del empleo y negociación colectiva: el caso del sector del metal

Diego Rivera, Industria automotriz

Aunque la subcontratación constituye en muchos casos una herramienta útil para la gestión eficiente de los procesos productivos, en otros se está convirtiendo en un fácil expediente para conseguir una degradación injustificada de las condiciones de trabajo y la calidad del empleo. Un resultado que no sólo perjudica a los trabajadores afectados sino al sector empresarial, en la medida en que desalienta el desarrollo de estrategias competitivas de largo impulso, basadas en la mejora de los procesos productivos y su gestión eficiente, para las que es indispensable disponer de personal estable, cualificado y comprometido.   

De allí la importancia de medidas que dificulten la obtención de ese resultado degradatorio, sin poner trabas a las externalizaciones basadas en razones legítimas.

El anterior es un objetivo para el que la negociación colectiva puede cumpir un importante papel. El nuevo modelo de organización de la producción debería favorecer la creación de unidades transversales de negociación capaces de abarcar al conjunto de empresas y trabajadores que participen en una misma red o cadena de producción, empresa principal incluida, con el fin de garantizar beneficios aceptables para todos. Una práctica de la que existen ya ejemplos.

Lo anterior no significa que la negociación colectiva ordinaria no esté en condiciones de contribuir a ese objetivo. Los espacios de negociación existentes pueden ser utilizados también para favorecer un uso razonable y no degradatorio de la sucontratación. Las cláusulas susceptibles de ser introducidas con tal propósito pueden ser de cuatro tipos:  

· Cláusulas reguladoras de las condiciones bajo las cuales es posible recurrir a la subcontratación o el tipo de actividades susceptibles de ser externalizadas.  

· Cláusulas sobre los salarios y condiciones que deben garantizarse a los trabajadores de las empresas contratistas.  

· Cláusulas que limiten la celebración de contratos de duración determinada por los contratistas.  

· Cláusulas que garanticen la continuidad de los contratos de trabajo del personal de las empresas contratistas en los supuestos de sucesión en el desarrollo de una misma actividad. 

Mientras las cláusulas de los dos primeros tipos se prestan especialmente para su inclusión en los convenios de empresa, las del tercer y cuarto tienen su ámbito natural en la negociación de sector.  

¿En qué medida la negociación colectiva está aprovechando estas posibilidades?

Mi participación en una reciente investigación sobre la flexibilidad laboral en la negociación colectiva del sector metal, encargado por la Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo (FMF), me ha permtido rastrear el tratamiento de la cuestión en los convenios provinciales de este sector. El resultado es un estudio titulado “Subcontratación y calidad del empleo en la negocación colectiva del sector del metal”, que aparecerá publicado próximamente. Como anticipo del mismo, pongo ahora a disposición de los lectores de este blog el informe de síntesis que recoge sus conclusiones más relevantes.  

En dicho informe se podrá apreciar cómo la negociación del sector centra su atención en la garantía de la continuidad del empleo en los supuestos de sucesión de contratistas. Estas cláusulas aparecen, no obstante, en un número importante pero no mayoritario de convenios y limitan su aplicación a ciertas actividades de carácter auxiliar, además de presentar problemas de encaje con disposiciones legales de derecho necesario. Esto nos muestra hasta qué punto la regulación por la negociación colectiva de los efectos laborales de la subcontratación constituye aún una asignatura pendiente.  

A la presente entrada se añade el vídeo que registra la presentación de una ponencia sobre los efectos laborales de la subcontratación de actividades productivas, realizada en Lima a finales de octubre de 2009, en el marco de la III Conferencia de Economía Laboral. 

EL TEXTO DEL INFORME DE SÍNTESIS  DEL ESTUDIO SOBRE  “SUBCONTRATACIÓN Y CALIDAD DEL EMPLEO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL METAL” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:    

SUBCONTRATACION-Y-EMPLEO-NC-METAL-WSANGUINETI-informe-preliminar   

EL VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA “EFECTOS LABORALES DE LA SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS” PUEDE SER VISUALIZADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:    

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/87798b6012ae84857fd476c220f8b6f1

 

DOCUMENTO DE INTERÉS: El Acuerdo Marco de Excepcionalidad de Michelin España

La propuesta sindical de optimizar las posibilidades de los mecanismos que actualmente permiten afrontar las crisis empresariales reduciendo el tiempo de trabajo en vez de comprimir el empleo, como ha venido ocurriendo hasta ahora de manera prioritaria en España, ha permitido desbloquear el debate en torno a la orientación de una futura reforma laboral. En este contexto, resulta del mayor interés conocer las experiencias de aplicación de este principio que se han producido con anterioridad. La de Michelin España, de la que da cuenta la nota publicada por El Periódico de Cataluña el pasado 30 de noviembre que se reproduce a continuación, es una de las más notables, tanto por su imaginativo enfoque, basado en la creación de un mecanismo ad hoc de gestión flexible de la jornada anual y su proyección a un periodo de más largo alcance, como por el exito alcanzado en su aplicación. Luego de la nota aparecen también enlaces al texto de los instrumentos que han permitido poner en marcha esta iniciativa: el Acuerdo Marco de Excepcionalidad de Michelin España y su complemento, firmado poco después, obtenidos ambos de la página web de la Sección Sindical de UGT en la empresa. 

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Guía Michelin antidespidos

La firma de neumáticos ha logrado un importante acuerdo laboral en España. A través de la reducción de jornada anual se han evitado más de 800 despidos y mantenido los sueldos.

Michelin no solo edita la más famosa guía de restaurantes del mundo. La multinacional francesa ha logrado en España un importante acuerdo laboral que casi podría servir, también, de guía para que empresas sanas y rentables hagan la travesía del desierto de la mayor crisis en 60 años sin un solo despido, sin rebajas de salario, convirtiendo los empleos temporales en fijos y sin dañar la viabilidad futura de la firma. Se trata del documento bautizado como Acuerdo Marco de Excepcionalidad (AME), negociado entre la empresa, UGT y CCOO (después se adhirieron CSI y USO).

«No en todos los demás países donde están Michelin es así», explican los representantes de UGT y CCOO, José Antonio Fernández y Marcial Moreta. Fernández pertenece a la fábrica de Valladolid y Moreta, a la de Vitoria. «En general, lo que se ha hecho fuera de España es deshacerse de los eventuales o reducir turnos», señalan. Las fábricas españolas (Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid) se cuentan entre las más productivas de las existentes en 19 países.

El acuerdo fue firmado en diciembre del 2008 y ampliado después en abril. Cada uno de los 8.500 trabajadores de Michelin en España –desde el director general hasta el empleado más reciente– acepta reducirse la jornada anual en un máximo de 70 días –según las exigencias de la producción–, que serán recuperables a lo largo de cinco años. Como mínimo, el 50% del salario de estas jornadas se cobrará en el 2009 (aunque no se hayan trabajado) y, el resto, cuando se recuperen. En ningún caso se descontará a un empleado más de dos jornadas de sueldo en un mismo mes «para no romper la economía familiar». Los empleados renuncian al plus salarial por ajuste de jornada.

El acuerdo –admiten los sindicatos– fue posible porque la situación financiera de la firma lo permite (340 millones de beneficios en el 2008). Pero también «porque existe una tradición de negociación y acuerdos laborales que hemos construido con los años», aseguran. «La paz social cuesta dinero».

Se calcula que en el 2009, de las 70 jornadas de reducción máxima, se aplicarán una media de 35 días por empleado. Eso, equivale a entre 800 y 900 empleos. Son los despidos que se han logrado evitar.

La negociación del AME empezó a finales del 2008, cuando todas las señales del sector anunciaban que se avecinaba una crisis monumental. El objetivo era salvar el empleo, las condiciones laborales y, sobre todo, la viabilidad de la empresa. Se decidió que, en la medida de lo posible, habría que evitar un ERE, por ser «más traumático» y porque la empresa prefería dar una solución «interna» al problema. También se acordó evitar el despido de eventuales y no prescindir de subcontratas. Así, se pactó un plan de reducción de hasta 30 jornadas, con el abono total del sueldo. «Eso nos permitió atravesar lo más duro de la crisis», cuentan. Pero en marzo se agotó el margen, y hubo que renegociar el AME, elevar a 70 la reducción máxima de jornadas y diferir el 50% del salario de los días no trabajados.
Al final del 2009,acaba la vigencia del AME. Se planea algún tipo de prórroga, pero, además, será preciso darle una vuelta de tuerca más. La firma plantea un ERE temporal de hasta 18 meses para 386 personas de 59 o 60 años. En el peor de los casos, la suspensión llegará hasta la jubilación (61 años y medio). Por eso, dirección y sindicatos están convencidos de que, en principio, será una medida «poco o nada traumática». Lo que se negocia es cuál será el complemento salarial que la empresa añadirá a la prestación por desempleo.

EL PERIÓDICO, 30-11-2009

EL TEXTO DEL “ACUERDO MARCO DE EXCEPCIONALIDAD DE MICHELIN ESPAÑA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: AME MICHELIN ESPAÑA

EL TEXTO DEL “COMPLEMENTO DEL ACUERDO MARCO DE EXCEPCIONALIDAD DE MICHELIN ESPAÑA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: COMPLEMENTO DEL AME MICHELIN ESPAÑA

 

El efecto “boca de cocodrilo”: la distribución de la riqueza y el trabajo asalariado

Carlos Orduña Barrera, Hacedor de máscaras

Respecto de la entrada “Radiografía de un crecimiento excluyente”, publicada dos semanas atrás, he recibido un comentario de Christian Sánchez, coautor del texto que se colocó como adjunto a la misma, al que acompaña el siguiente cuadro:

De su lectura se desprende con facilidad una doble conclusión:  la distribución de la riqueza en el Perú no sólo es profundamente desigual, sino que esa desigualdad, medida a través de la brecha entre la participación del capital (beneficios empresariales) y el trabajo (salarios), viene incrementándose de manera muy significativa en los últimos años. Nada menos que en un 17.6% entre 1991 y 2007. Es lo que se conoce, en la jerga de los especialistas, como efecto “boca de cocodrilo”.

A esta evidente transferencia de rentas del trabajo hacia el capital no son ajenas las políticas estatales y empresariales puestas en marcha en este país a lo largo del período cubierto por el cuadro, incluidas las más recientes denunciadas en la entrada antes referida. De allí que en su comentario Christian Sánchez abogase, con buen criterio, por el impulso de la negociación colectiva en el Perú, dado su papel fundamental como mecanismo de redistribución de la riqueza.

Es imporante tener en cuenta, de todas formas, que el mismo fenómeno, quizá con menos dramatismo pero igual contundencia, se viene produciendo en el conjunto de economías de los países avanzados, España incluida. El cocodrilo puede tener la boca más o menos abierta dependiendo de los casos, pero su tendencia a irla abriendo cada vez más es en todos evidente.

Esta constatación debe alertarnos sobre los efectos que están teniendo, no sólo el despliegue del proceso de globalización económica sino las políticas que se están poniendo en marcha, tanto a nivel estatal como empresarial, para responder a él, sobre los mecanismos de equilibrio social trabajosamente construidos a lo largo de todo el siglo XX. Unos mecanismos entre los cuales ocupan un papel estelar los que caracterizan al Derecho del Trabajo. Vale decir, la intervención estatal en las relaciones de trabajo y la participación colectiva de los trabajadores.

Las normas estatales protectoras, aún con menor intensidad, siguen existiendo. Y la acción sindical y la negociación colectiva no han desaparecido. Pero cada vez equilibran y redistribuyen menos. Naturalmente, habrá que profundizar en el análisis de las causas de este fenómeno, así como en la manera de tratar de revertir o frenar sus efectos en un contexto tan difícil como el actual, ya que lo que se encuentra en juego es nada menos que la lógica democrática y equilibradora que ha hecho posible el bienestar y la democracia en nuestras sociedades.

A la presente entrada se adjunta un nuevo artículo de Christian Sánchez y Fernando Cuadros Luque titulado “El rol estatal de fomento de la negociación colectiva” en el que estos autrores destacan la vital importancia que posee la promoción de la sindicalización y la negociación colectiva para el equilibrio de los poderes de negociación dentro del mercado de trabajo, la elevación de la productividad y la consecusión de incrementos remunerativos acordes con ella.

EL TEXTO DEL ARTÍCULO “EL ROL ESTATAL DE FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: ART-FOM-NCOL-C-SANCHEZ-F-CUADROS

INDITEX suscribe un nuevo acuerdo marco internacional con UNI

  zara

La nómina de los acuerdos marco internacionales de garantía de los derechos laborales fundamentales en las cadenas de producción de las empresas multinacionales sigue creciendo.

El pasado 2 de octubre se firmó en Dublín un nuevo acuerdo marco internacional entre la multinacional española de la moda INDITEX y el sindicato mundial de trabajadores del sector servicios UNI. Como es sabido, INDITEX tiene suscrito desde 2007 un pacto de este tipo con ITGWF, la federación internacional representativa de los trabajadores textiles y de la confección, del que se ha dado cuenta en este blog (ver entrada del 27 de julio). La novedad del recién aprobado radica en que no está dirijido a los talleres y fabricantes externos que elaboran los productos de esta compañía, sino a su red comercial y de distribución, que no se encontraba cubierta por el primero.

Así concebido, este acuerdo tiene como ámbito de aplicación, como en él se indica, a “INDITEX S.A. y sus filiales, independientemente del país en que desarrollen su actividad”. Es decir, se proyecta hacia el interior del grupo multinacional y no fuera de él, como ocurre con el anterior.

Con estas características, pudiera pensarse que su suscripción tiene un propósito esecialmente publicitario, ya que es impensable que una multinacional de estas dimensiones recurra en sus establecimientos, por ejemplo, a la explotación laboral infantil o el trabajo forzoso.  No lo es, sin embargo, si se tiene en cuenta que garantiza también el respeto del principio de no discriminación en el empleo y las normas nacionales e internacionales en materia de jornada, incluye el compromiso de “proporcionar un ambiente de trabajo seguro, saludable y sostenible” y, sobre todo, presta una especial atención a la garantía de los derechos de libertad sindical.

Una característica particular de las prácticas de “responsabilidad social” de las multinacionales del sector textil y de la confección es su desapego, por no decir hostilidad, hacia el ejercicio de la libertad sindical. De allí, precisamente, que recurran a códigos de conducta unilaterales antes que acuerdos marco pactados con los sindicatos. INDITEX es una de las primeras que modifica esta actitud, y se compromete a “desarrollar acciones conjuntas que permitan verificar la implantación de los derechos de libertad de sindicación y de negociación colectiva en la red comercial” a ella vinculada. Esta declaración viene acompañada, por lo demás, de la previsión de canales de información sobre posibles incumplimientos y de una regulación ad hoc de los derechos de comunicación, acceso a los centros de trabajo y reunión con los trabajadores por parte de los representantes sindicales de UNI.

El resultado es un instrumento que, bien gestionado y aplicado, estará en condiciones de contribuir al respeto de los derechos laborales fundamentales en general, y particularmente de la libertad sindical, en todos los establecimientos de esta compañía. 

EL TEXTO DEL ACUERDO MARCO INTERNACIONAL SUSCRITO ENTRE INDITEX Y UNI PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: AMI-INDITEX-UNI

LA NOTA DE PRENSA DE INDITEX INFORMANDO DE LA FIRMA DE ESTE ACUERDO PUEDE SER DESCARGADA DESDE EL SIGUIENTE ENLACE: 

http://www.inditex.com/es/prensa/otras_noticias/amplia/00000750

UNI logo

Los acuerdos marco internacionales de garantía de derechos sociales fundamentales (I) : El acuerdo marco de INDITEX

INDITEX ZARA

A despecho de lo ocurrido en las décadas pasadas, donde las iniciativas de las empresas multinacionales dirigidas a expresar su compromiso con el respeto de unos estándares justos de trabajo en sus cadenas de producción podían ser consideradas expresión más de una estrategia publictaria que de una adhesión real y efectiva a los mismos, los últimos años vienen siendo testigos de la emergencia de instrumentos y experiencias dignos de ser tenidos en cuenta.

Éste es el caso de diversos Acuerdos Marco Internacionales de garantía de los citados derechos, que han sido suscritos en lo que va de la presente década entre numerosas empresas multinacionales y las federaciones sindicales internacionales de rama de actividad.

A partir de la presente entrada, iniciaré la presentación en este blog de aquellos acuerdos que destacan por su singularidad.

La serie se inicia con el “Acuerdo Marco Internacional sobre Derechos Humanos y Laborales Fundamentales en la Cadena de Producción de INDITEX“, suscrito en el año 2007 entre la dirección de esta multinacional y la federación internacional representativa de los trabajadores textiles y de la confección, de momento el único suscrito en este sector, en el que priman más bien los Códigos de Conducta de carácter unilateral.

Como se puede apreciar de la lectura de su texto, el propósito de este acuerdo no es otro que comprometer la colaboración sindical a los efectos de garantizar el cumplimiento de los estándares laborales básicos establecidos por el “Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos de INDITEX“. En virtud de ello, además de ratificar la aplicación de los mismos a lo largo de toda la cadena de producción de la empresa, prevé un conjunto de mecanismos y actuaciones dirigidos a verificar la implantación de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en toda la extensión de la misma, así como a hacer posible que éstos operen como instrumentos al servicio del respeto del Código de Conducta.

La singularidad de este instrumento radica, de este modo, tanto en la original articulación que a través de él se hace entre instrumentos unilaterales (códigos de conducta) y pactados (acuerdos marco internacionales), como en la consideración del sindicato como un agente con capacidad real para vigilar su acatamiento y, de tal modo, hacer posible su cumplimiento efectivo en todos los eslabones de la red.

El Acuerdo Marco Internacional sobre Derechos Humanos y Laborales Fundamentales en la Cadena de Producción de INDITEX puede ser descargado desde el siguiente enlace: AMI INDITEX texto firmado escaneado

INDITEX TRABAJADORA

¿La hora del “descuelgue” salarial?

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En principio, el ajuste de las empresas españolas a la acutal crisis viene experimentando un iter bastante previsible. Primero, terminación o no renovación de los contratos de duración determinada. Y luego extinción de los contratos por tiempo indefinido, recurriendo con tal fin tanto a los mecanismos “ordinarios” previstos al efecto (ceses colectivos o plurales por causas económicas o productivas, ex artículos 51 y 52.c ET), como también a otros de carácter “alternativo” que pueden servir para el mismo objetivo (en particular a los despidos disciplinarios “reconocidos” válidamente como improcedentes a cambio del abono al trabajador de la indemnización legalmente prevista).

Sin embargo, una vez terminado el ajuste “cuantitativo” de la plantilla -o, en algunos casos, de forma paralela o incluso previa a él- muchas empresas se están planteando también la necesidad de un ajuste “cualitativo” de las condiciones de trabajo. Y en particular de una reducción de los salarios que abonan a su personal. Con este fin están volviendo los ojos a una institución que, aunque fue creada por la Reforma Laboral de 1994, ha tenido un escaso juego entre nosotros debido a la pronta sucesión del ciclo de crecimiento económico que acaba de concluir. Me refiero, evidentemente, al “descuelgue salarial” respecto de las condiciones previstas por el convenio que les es de aplicación, de cuyo diseño se ocupa el artículo 82.3 ET.

Ante esta situación, resulta del mayor interés prestar atención a la singular funcionalidad de este mecanismo, así como a sus alcances. A estos efectos pueden ser útiles los dos textos que ponen a continuación a disposición de los lectores este blog, ambos elaborados en la etapa posterior a la Reforma de 1994. El primero se titula “Sistema de empresa y descuelgue convencional” y busca poner de manifiesto las razones que impulsaron entonces la creación de este instrumento. El segundo, que lleva por titulo “Cláusulas de descuelgue salarial y negociación colectiva” se propone, por su parte, examinar la peculiar forma de operar de este instrumento. Incluyendo la posibilidad de acogerse directamente a él en caso de que el convenio aplicable no regulase su forma de operar.

En cualquier caso, para una visión más completa de este mecanismo, me permito remitir a mi libro “La inaplicación parcial del contenido del convenio colectivo”, publicado por la Editorial Tirant lo blanch en el año 2000.

EL TEXTO DEL ARTÍICULO “SISTEMA DE EMPRESA Y DESCUELGUE CONVENCIONAL” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE VÍNCULO: sistema-de-empresa-y-descuelgue-convencional-wsanguineti

EL TEXTO DEL ARTÍCULO “CLÁUSULAS DE DESCUELGUE SALARIAL Y NEGOCIACION COLECTIVA” PUEDE SER DESCARGADO DESDE EL SIGUIENTE VÍNCULO: clausulas-de-descuelgue-y-ncol-wsanguineti

“Salarios y negociación colectiva en España: un panorama lleno de interrogantes”

  

Diego Rivera, Industria Moderna

Diego Rivera, Industria Moderna

Sumario:

I. Propósito. II. La difícil relación entre el salario y la negociación colectiva en el actual contexto económico y productivo. III. Luces y sombras de la negociación colectiva española en materia de salarios. A. La diferenciación retributiva como instrumento de reducción de costes laborales: la proliferación de las “dobles escalas” salariales. B. La difícil colectivización de las nuevas formas de retribución por rendimiento. C. La instrumentalización del salario en especie y las percepciones extrasalariales. 

Resumen:

El presente estudio, que tiene como base los informes bianuales elaborados por el grupo dedicado al estudio de los salarios al interior del Observatorio de la Negociación Colectiva, núcleo de investigación de carácter multidisciplinar del que participa el autor, busca pasar revista a los desafíos que las transformaciones del salario plantean a la negociación colectiva española, así como la manera como ésta viene respondiendo a los mismos.

El aumento de la competitividad y la emergencia de un nuevo modelo de empresa están favoreciendo el desarrollo de políticas retributivas nuevas, caracterizadas una transformación de la función tradicional del salario, que pierde su condición exclusiva de contraprestación del trabajo, para convertirse en un instrumento más de las políticas de recursos humanos, a través del cual se busca influir en las conductas de los trabajadores.

El panorama resultante es uno lleno de claroscuros, en la medida en que permite apreciar cómo la misma no alcanza aún a asumir y gobernar estos procesos, quedándose en buena parte de los casos al margen de ellos y asumiendo en otros esencialmente un papel de instrumento de legitimación de las políticas empresariales de reducción de costes y fomento de la flexibilidad salarial sin contrapesos y garantías suficientes de carácter colectivo.

Esta publicación puede ser descargada desde el siguiente vínculo: salarios-y-nc-en-espana-wsanguineti