¿Arbitraje obligatorio o autorización administrativa? Nota de Juan Vivero sobre un reciente y llamativo pronunciamiento judicial

Honoré Daumier, Abogados y jueces antes de la audiencia (hacia 1862)

Honoré Daumier, Abogados y jueces antes de la audiencia (hacia 1862)

Prácticamente todos pensábamos que la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) o los órganos equivalentes de ámbito autonómico resolviendo de manera preceptiva las discrepancias a falta de acuerdo sobre la petición empresarial de descuelgue, prevista por el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores desde la reforma laboral de 2012, constituía un supuesto de libro de imposición de un arbitraje obligatorio. Y la mayoría, además, que ese arbitraje debía ser considerado inconstitucional por lesionar el derecho a la negociación colectiva consagrado por el artículo 37.2 de la norma fundamental.

Mi querido compañero y amigo Juan Bautista Vivero Serrano me alcanza, sin embargo, esta breve nota de urgencia en la que da noticia de una Sentencia de la Audiencia Nacional que se aparta de este criterio de forma tan llamativa como cuestionable, más allá de su quizá loable propósito. Un comentario extenso del autor a esta sentencia se publicará próximamente en la revista Relaciones Laborales. Entre tanto van, como he anunciado, sus reflexiones iniciales, así como el texto de la sentencia.

La reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de febrero de 2014 desestima la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el arbitraje obligatorio del artículo 82.3 ET. Recurre para ello a la técnica de la sentencia interpretativa o de conformidad y considera que no hay inconstitucionalidad en la medida en que se garantice el respeto del principio de proporcionalidad en cada caso concreto de aplicación del referido precepto, sin que en abstracto merezca tacha alguna de esa naturaleza. Se trata de una tesis tan compleja como heterodoxa, construida con argumentos que no aparecen ni en la letra ni en el espíritu del artículo 82.3 ET, como tampoco en el RD 1362/2012 y la praxis aplicativa de la CCNCC y los árbitros por ella designados.

Los argumentos principales que se emplean, todos ellos merecedores de una severa crítica, son los siguientes: en el artículo 82.3 ET no hay arbitraje obligatorio alguno, sino actividad administrativa de autorización ejercida directamente o por delegación; y no hay además conflicto de intereses que resolver, sino mero conflicto jurídico, susceptible de control judicial de fondo a partir del principio de proporcionalidad. Y, la guinda del pastel, se reconoce una nueva facultad empresarial de inaplicación del convenio estatutario, sometida eso sí a autorización administrativa y, en su caso, a control judicial. Todo ello obviando la Sentencia del Tribunal Constitucional 92/1992 que niega expresamente la posibilidad de que pueda existir una facultad de ese tipo.

Se podría aventurar, aun a riesgo de errar, que la intención de los magistrados fuera poner coto judicialmente a las inaplicaciones impuestas de los convenios colectivos estatutarios. El problema es que, si esa fuese la finalidad, y a la vista del camino elegido para alcanzarla, podría decirse aquello de que “puede ser peor el remedio que la enfermedad”. En efecto, la heterodoxia de la tesis de la Audiencia Nacional en aras del pleno control judicial de las inaplicaciones tiene como contrapartida la “voladura” de importantes categorías jurídico-laborales, en especial la eficacia normativa del convenio estatutario, así como la aceptación de partida de la constitucionalidad del artículo 82.3 ET.

El texto de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de febrero de 2014 puede ser descargado desde el siguiente enlace:

SAN 11-2-2014

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