Los tratados internacionales y los derechos laborales: el turno del sur de Europa

Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo

Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo

Hubo un tiempo, seguramente más feliz que el actual, en el que los juristas del trabajo europeos, y entre ellos los españoles, no compartían en interés y la atención que sus colegas de otras latitudes, y especialmente de América Latina, prestaban a las normas internacionales de protección de los derechos laborales. Al fin y al cabo, mientras en aquellos países estas normas se alzaban en algunos casos como la última barrera susceptible de ser opuesta frente a los procesos de desregulación impuestos por los organismos financieros internacionales, los derechos laborales, aun no siendo inmunes a la general exigencia de flexibilización, superaban claramente en Europa los estándares mínimos previstos por las mismas.

En la existencia humana, sin embargo, no existe nada que pueda ser considerado definitivo. Y, así, el proceso de desmantelamiento de las garantías jurídicas asociadas a la prestación de trabajo asalariado vivido en América Latina en los años noventa del pasado siglo, ha terminado por reproducirse ahora en Europa, y en particular en los países de su área sur, al socaire de la crisis económica y la presión, cómo no, de los organismos financieros internacionales.

¿Pueden, en un contexto como éste, cumplir las normas internacionales ese papel garantista que las hizo depositarias del interés y las expectativas de la doctrina laboralista latinoamericana hace dos décadas?

He de decirles que, al menos en mi opinión y respecto de España, la respuesta no puede ser sino un sí. En primer lugar, porque son numerosos los cambios introducidos por las recientes reformas laborales cuya compatibilidad, no sólo con preceptos constitucionales, sino con lo dispuesto por normas internacionales sobre la materia, resulta más que dudosa. Pero también, en segundo lugar, en atención a la posibilidad, poco conocida y utilizada hasta ahora debido precisamente a que no era necesario recurrir a ella, de solicitar en sede judicial la aplicación del denominado control de convencionalidad, a los efectos de conseguir la inaplicación de las normas que introducen tales cambios cada vez que puedan ser consideradas contrarias a lo dispuesto por los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España. Un instrumento cuyo fundamento se encuentra en el artículo 96 de la Constitución Española, de acuerdo con el cual las disposiciones contenidas en los mismos, además de formar parte del ordenamiento interno, no pueden ser “derogadas, modificadas o suspendidas” sino “en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Y, por tanto, no por una norma interna posterior, aunque ésta tenga el rango de ley.

Esta ha sido, precisamente, la base jurídica del reciente Auto de 17 de mayo de 2014 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 para no considerar aplicable al caso del asesinato en Bagdad del periodista español José Manuel Couso la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada a través de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Su contradicción con el Convenio IV de Ginebra, sobre protección de personas civiles en tiempos de guerra. Y también, todo sea dicho, de la Sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona que inaplicó la regulación del período de prueba prevista para el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores por oponerse a la interpretación del artículo 4.4 de la Carta Social Europea llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales en relación con una regulación de similar alcance impuesta a Grecia por la troika comunitaria.

El Derecho Internacional del Trabajo siempre estuvo allí. Y siempre fue posible servirse de él. Aunque recién ahora caigamos en la cuenta en este lado del mundo de su utilidad para salvaguardar las claves de bóveda de nuestro sistema social de los ataques interesados que contra ella se vienen llevando a cabo. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Se adjuntan a la presente entrada la Sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona y un muy interesante e ilustrativo estudio de Carmen Salcedo Beltrán, Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y apreciada colega y amiga,  sobre la Carta Social Europea y su papel como instrumento para la defensa en el ámbito nacional de los derechos sociales.

La Sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona puede ser descargada desde el siguiente enlace:

http://www.ugt.es/actualidad/2013/diciembre/188951481-Sentencia_emprendedores.pdf

El estudio de Carmen Salcedo Beltrán sobre la Carta Social Europea. Instrumento para la defensa en el ámbito nacional de los derechos sociales puede ser descargado desde el siguiente enlace:

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe60.pdf

2 comentarios en “Los tratados internacionales y los derechos laborales: el turno del sur de Europa

    • Gracias a ti, querida Carmen, que eres la experta y has lanzado el tema. Lo que hago yo aqui es solo tratar de difundirlo mediante algunas lineas en clave de provocacion del interes, de forma que los que se acerquen al blog luego puedan profundizar leyendo los materiales que cuelgo. Entre ellos, especialmente tu magnifico informe. UN abrazo: Wilfredo

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