Derechos fundamentales y poderes empresariales: ¿Quo vadis TC?

Pintura Omar de león

Sobre la regresiva STC 241/2012 y un voto particular que pone las cosas en su lugar

¿Puede el empleador, sin vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones consagrado por el artículo 18.3 de la Constitución Española, acceder al contenido de los mensajes privados intercambiados por dos trabajadoras a través de un programa de mensajería instantánea debido al hecho de que éste fue instalado en un ordenador de uso común contraviniendo órdenes expresas en contra y no requerir la lectura de dichos mensajes de ninguna clave?

Por llamativo que parezca a primera vista, la respuesta adoptada por el Tribunal Constitucional a través de su reciente Sentencia 241/2012, de 17 de diciembre, es un sí rotundo y casi sin matizaciones. Los argumentos empleados para ello no pueden ser más sencillos: tanto el hecho de haber incumplido una prohibición empresarial expresa, como la circunstancia de ser el ordenador en el que se residenciaron los mensajes uno de utilización compartida, no exigiendo además el acceso a ellos de una clave, excluyen de plano toda expectativa de confidencialidad por parte de las trabajadoras.

Nótese, de todas formas, que de lo que se habla aquí no es de la mera detección del programa de mensajería instalado incumpliendo lo dispuesto por la empresa, o de su simple desintalación acompañada de la imposición de una sanción a las infractoras, sino más bien de la lectura, intrusiva y unilateral, de las conversaciones intercambiadas. Una actuación en ningún caso necesaria para la satisfacción del interés empresarial presuntamente afectado. Y además contraria nada menos que al propio tenor literal del artículo 18.3 de la Constitución, que “garantiza el secreto de las comunicaciones”, “salvo resolución judicial”.

Así las cosas, llegar a la conclusión a la que arriba el Tribunal Constitucional supone admitir, bien que el empresario está en condiciones de prohibir, no sólo el uso de determinados medios informáticos, cosa que no parece que pueda discutirse, sino las comunicaciones privadas entre sus trabajadores, habilitándolo además el incumplimiento de esta prohibición para acceder al contenido de los mensajes intercambiados; o bien que el hecho de que estos últimos se ubicasen en un ordenador de uso colectivo y no precisaran de clave de acceso para ser vistos permitiría a cualquiera, trabajador o empresario, acceder a su contenido. O bien ambas cuestiones a la vez, claro está.

¿Dónde queda situada, en este contexto, la vigencia en la empresa del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones? ¿Está condicionada entonces la efectividad de este derecho a la inexistencia de una previa prohibición empresarial de comunicación entre el personal? ¿Puede el empleador llevar a cabo dicha prohibición? ¿Carecen acaso de protección las conversaciones privadas de los trabajadores cuando no han sido encriptadas o protegidas con una clave de acceso?

No es de extrañar, ante todas estas más que evidentes dudas, el voto particular en contra del criterio mayoritario del Tribunal emitido por el magistrado, además de Catedrático de Derecho del Trabajo, Fernando Valdés Dal-ré, para el cual esta sentencia no sólo “representa un paso atrás en la muy acreditada jurisprudencia constitucional” en materia laboral, sino que “responde a un concepto de las relaciones laborales” que “no se corresponde con el modelo que impone la cláusula del Estado social y democrático de Derecho”, en la medida en que “atribuye al empresario facultades de las que carece”, soslaya los condicionantes que en situaciones como las examinadas “imponen la libertad de las comunicaciones y el secreto de las mismas” y “opta por avalar instrumentos de fiscalización” incluso cuando “se actualizan en términos absolutamente invasivos”, lo cual “repercute negativamente en la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a los trabajadores”.

La sentencia que se comenta, así como el voto particular del magistrado Valdés Dal-ré, constituyen un punto de referencia obligado para situarnos en el más reciente debate sobre la efectividad de los derechos fundamentales de la persona en la empresa y las dificultades por las que la misma atraviesa todavía en la actualidad.

 

El texto íntegro de la STC 241/2012, de 17 de diciembre, puede ser consultado desde el siguiente enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-614.pdf

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