¿Cómo interpretar la Reforma Laboral?

La modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores como botón de muestra

La problemática valoración de los alcances de los cambios introducidos por el Real Decreto-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012 en el texto del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, regulador de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, nos ofrece un buen ejemplo de los dilemas a los que se ve sometido el intérprete cuando de ponderar los efectos de una operación reformadora de vocación rupturista con el pasado como la introducida por dichas normas se trata.

Las enmiendas impuestas en la redacción original de dicho artículo están dirigidas, en lo fundamental, a reducir los espacios de negociación existentes dentro del mismo y a extender los de actuación unilateral del empresario, recurriendo a una doble operación, consistente, de un lado, en recortar la virtualidad del procedimiento aplicable a las modificaciones de carácter colectivo, dilatando en su sustitución el espacio de las de corte individual, y, del otro, en ampliar los márgenes de apreciación empresarial sobre la aplicación de este mecanismo, mediante la simplificación de la formulación de las causas que permiten su empleo, que no aparecen caracterizadas ya más que por su genérica vinculación “con la competitividad, productividad y organización técnica o del trabajo en la empresa”.

La primera impresión que suscitan estos cambios no es otra la de un muy significativo fortalecimiento del poder de decisión del empresario, que estaría ahora en condiciones de disponer de manera unilateral, y además prácticamente no condicionada, de las establecidas a nivel individual e incluso colectivo, siempre que no estén reconocidas en un convenio estatutario, expresamente excluido de este procedimiento por el legislador.

La anterior es, sin duda, una aproximación al contenido de la norma especialmente útil para deslegitimar la intervención del legislador. No obstante, cabe preguntarse si, sea cual fuere su intención profunda, esta compresión en clave individualizadora y acausal del nuevo texto del artículo 41 se corresponde con la naturaleza de la institución que recoge, así como con los intereses y valores, en su mayor parte de carácter fundamental, por ella concernidos.

Debe tenerse presente que dicho artículo introduce una excepción manifiesta, tanto al principio pacta sunt servanda, de general vigencia en las relaciones jurídicas entre privados, como a la fuerza vinculante de los acuerdos y pactos colectivos, garantizada por la norma fundamental, que solamente puede ser admitida si se encuentra avalada por razones de fondo de una magnitud suficiente como para poner entre paréntesis dichos principios fundamentales.

La propia naturaleza del procedimiento de modificación sustancial resulta, así pues, incompatible con la configuración de la potestad empresarial por él reconocida como una de ejercicio cuasi discrecional o no sujeta a límites claros. De allí que los cambios introducidos en el mismo no puedan ser interpretados de manera mecánica como reconocedores de un poder de tales características en cabeza del empresario. Salvo, claro está, cuando su único sentido posible fuese ese. Caso en el que habría que entrar a valorar su posible inconstitucionalidad.

Una vez entrada en vigor la norma es preciso, en consecuencia, realizar una lectura de sus alcances que, sin desnaturalizar su función adaptativa, la haga compatible con los principios fundamentales que se sitúan en la base de nuestro sistema constitucional de relaciones laborales. Una operación, por lo demás, perfectamente posible, como se demuestra en relación con el tratamiento de las nuevas causas modificativas a través del texto que se adjunta a esta entrada, extractado de un comentario de mayor extensión publicado por el autor de este blog en el número monográfico dedicado a la Reforma Laboral de 2012 por la Revista de Derecho Social.

En cualquier caso, lo que a través de las reflexiones que aquí concluyen y el texto adjunto se ha querido es poner de manifiesto dos ideas fundamentales. La primera es la de que, como se apunta en el Editorial del citado número monográfico, toda norma legal, y por tanto también la Ley 3/2012, es susceptible de experimentar luego de su entrada en vigor un proceso de “reescritura” o “reapropiación” por parte, tanto de intérpretes y comentaristas, como de las decisiones judiciales y los convenios colectivos. La segunda apunta a la posibilidad de que, a través de dicho proceso, puedan limarse los aspectos más cuestionables de una reforma de tan abierta vocación equilibradora como la de 2012.

El autor de este blog no es, pues, partidario del expediente, por lo demás bastante extendido, de interpretar las normas por la derecha para luego criticarlas por la izquierda, especialmente útil para la denuncia e incluso el lucimiento personal, pero de muy negativos efectos a medio y largo plazo para los intereses que se declara defender.

El texto de Wilfredo Sanguineti sobre las causas habilitantes de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo puede ser descargado desde el siguiente enlace:

Extracto MSCT-CAUSAS HABILITANTES-WSANGUINETI

 

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